Que el gobierno de Donald Trump haya ordenado retirar los cargos por corrupción y soborno contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, no parece que vaya a salir gratis.
Ya se sabe que con Trump todo tiene un precio y existe el temor en esta ciudad progresista y refugio para los indocumentados de que Adams, un republicano reconvertido demócrata que ahora se replantea volver a ser republicano, devuelva el favor trabajando con los federales contra los inmigrantes sin papeles.
Una vez neutralizado el alcalde, quedan más frentes en los que presionar. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, anunció en su primera rueda de prensa tras jurar el cargo que el Departamento de Justicia había presentado una demanda contra el estado de Nueva York por sus políticas migratorias en la que acusa a sus dirigentes y funcionario de “priorizar a los inmigrantes ilegales (sic) sobre los ciudadanos estadounidenses”.
Como la imagen tiene un peso muy relevante en la administración Trump, Bondi apareció flanqueada por agentes equipados con las chaquetas típicas de las operaciones sobre el terreno.
El Gobierno recupera 80 millones ya dados a la ciudad porque eran para facilitar vivienda a inmigrantes
La titular del departamento concretó de forma específica que la demanda atacaba la llamada “ley de luz verde”. Esta regulación permite tener carnet de conducir a cualquiera que resida en el estado, independientemente de la ciudadanía o su estatus legal.
“Esto se para, esto se para hoy mismo”, sostuvo.
Presentada en los tribunales de Albany, la capital del estado, la demanda recalca que esa ley estatal es la más dañina porque evita que las autoridades estatales “denuncien rápidamente a cualquier extranjero ilegal cuando una agencia federal de inmigración haya solicitado su información”. También insiste en que la regulación de Nueva York es un ataque frontal a la inmigración federal y a las autoridades que la administran.
La gobernadora Kathy Hochul (demócrata) emitió un comunicado en el que remarcó con claridad su total apoyo a la deportación de “criminales violentos que violan nuestras leyes”. Pero matizó que no creía que las personas respetuosas con la ley deban ser el blanco de los ataques.
“Nuestras leyes actuales permiten a los funcionarios federales de inmigración acceder a cualquier base de datos de la Agencia de Tráfico con una orden judicial”, recordó.
“Esta es una aproximación de sentido común a la que da apoyo la mayoría de neoyorquinos”, subrayó. Y expreso su absoluta confianza en que la demanda fracasará.
Diversos expertos han calificado la iniciativa de Washington como una “intrusión grave” en el derecho constitucional de Nueva York para legislar en áreas en las que es competente.
La demanda es un paso más en los esfuerzos del gobierno Trump para que los estados cooperen con su agenda anti inmigración, y más cuando las prometidas deportaciones masivas van por ahora a cuentagotas.
La presión no se queda en los esfuerzos judiciales. Brad Lander, el interventor de la ciudad de Nueva York, ha descubierto que han desparecido 80 millones de dólares asignado por el Congreso a la agencia de gestión de emergencias. Desembolsados en su momento, la administración Trump se los ha apropiado de ellos como castigo porque ese dinero se usa para cubrir gastos de vivienda para los inmigrantes.
