Las calles de Estambul regresan a la normalidad tras la última oleada de protestas desencadenada por la detención de Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul y principal figura de la oposición hasta su detención el pasado 19 de marzo. Su arresto fue percibido por la población y la comunidad internacional como la última estocada a cualquier tipo de alternativa política al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Las más de 220 manifestaciones, fuertemente reprimidas por la policía, se han diluido poco a poco en las principales ciudades del país, a pesar de que el Partido Republicano del Pueblo (CHP), al que pertenece Imamoglu, ha realizado diversos llamamientos contra la desmovilización. Su líder reapareció por primera vez desde su detención este viernes, en la sala de audiencia del complejo judicial del distrito del Silviri, en la ciudad que una vez gobernó. La unidad de delitos vinculados al terrorismo le acusa de haber insultado y amenazado al fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek.
Poco antes de su detención, el político encarcelado fue designado candidato a las elecciones del 2028
“Estoy aquí porque gané tres elecciones en una ciudad que pertenece a 16 millones de estambulíes”, rebatió el político de 54 años al inicio de su declaración en el juicio, que considera una maniobra orquestada por parte del Gobierno de Erdogan para evitar que se convierta en candidato a la presidencia. “Estoy en Silivri porque represento esa voluntad del pueblo, en respuesta a quien creía que quien gana Estambul gana Turquía” dijo –repitiendo uno de los mantras políticos más extendidos de la política turca.
En un panel llevado a cabo el pasado enero, Imamoglu se mostró crítico con Gurlek y, según la acusación, cometió el delito de “señalar a personas involucradas en la lucha contra el terrorismo”, con un lenguaje “intencionadamente humillante” hacia el fiscal, a quien el opositor acusó de actuar de forma sesgada bajo las órdenes del Gobierno. Tan sólo por este caso, la Fiscalía ha solicitado una pena de hasta siete años de cárcel.
Además de este juicio, se enfrenta a otras dos causas, en las que se le acusa de manipulación de licitaciones en el 2015, cuando ya era alcalde de un distrito de Estambul; y por “recaudación ilegal de donaciones” para su campaña en el 2019. El CHP ha señalado que las detenciones de numerosos alcaldes del partido desde finales del año pasado forman parte de una campaña más amplia para neutralizar a los funcionarios electos de la oposición antes de unas posibles elecciones. El Gobierno ha rechazado estas afirmaciones y sostiene que el poder judicial es independiente.
Poco antes de ser apresado, Imamoglu fue designado candidato oficial del CHP para las elecciones del 2028, unos comicios en los que Erdogan, quien posiblemente los adelante, quiere revalidar un sexto mandato el poder –lleva dos como primer ministro y tres como presidente. Tras la deposición de las armas por parte del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), el alcalde era la única opción alternativa al cada vez más autoritario Gobierno de Erdogan.
Más de 2.000 personas fueron detenidas por participar en las mayores manifestaciones que ha vivido Turquía en más de una década, de las cuales unas 300 fueron encarceladas a la espera de juicio. Las concentraciones, encabezadas por el CHP, pero a las que se han sumado grandes colectivos de jóvenes, mayoritariamente en las calles Estambul y la capital, Ankara.
Más de una decena de periodistas también han sido detenidos por cubrir las protestas, entre ellos el reportero sueco Joakim Medin, quien aún continúa en prisión provisional. Este mismo jueves, la policía turca arrestó en sus domicilios a los periodistas Timur Soykan y Murat Agirel, periodistas de investigación de los medios BirGün y Cumhuriyet , respectivamente, ambos críticos con Erdogan y a los que se les imputa el delito de amenazas y chantaje.
Ambos periódicos condenaron las detenciones, señalando que su objetivo era silenciar a dos de los periodistas más importantes del país en un momento en que las autoridades están endureciendo el control sobre los medios tras la detención de Imamoglu. Organismos internacionales, incluida la Unión Europea, han criticado durante años la erosión de la independencia judicial y el aumento del autoritarismo en Turquía, especialmente desde la transición a un sistema presidencialista ejecutivo bajo Erdogan en el 2018.
