La guerra de Donald Trump contra la educación superior de Estados Unidos, y concretamente contra la Universidad de Harvard, ha presentado esta noche una nueva batalla. Seis días después de que una jueza federal bloqueara su intento de descalificar a los estudiantes extranjeros del centro para recibir visados de residencia temporal en EE.UU., ha aplicado una autoridad diferente para prohibir su entrada en el país.
La orden, firmada el mismo día en el que ha revivido el veto de entrada en EE.UU. de personas procedentes de 12 países, bloquea la llegada al país de casi todos los nuevos alumnos de Harvard mediante visas de estudiante. Además, ordena al secretario de Estado, Marco Rubio, “considerar la revocación” de los mismos visados (F, M y J) para los alumnos actuales que cumplan con los “criterios” ideológicos de la proclamación.
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La medida se justifica como un intento de “salvaguardar la seguridad nacional” estadounidense. La Casa Blanca ha acusado a Harvard de permitir el antisemitismo en sus campus durante las protestas propalestinas que el año pasado se expandieron en acampadas por todo el país. También la ha acusado de albergar a “terroristas” y a infiltrados del Partido Comunista Chino.
En la orden, se cita el supuesto rechazo de la universidad a “proveer suficiente información” sobre datos privados de los estudiantes extranjeros de Harvard, algo que pidió explícitamente la Casa Blanca y en lo que el centro alega que accedió a colaborar. La Administración considera que tan solo se han aportado datos “deficientes” sobre tres estudiantes.
“Harvard no está informando completamente sobre sus expedientes disciplinarios de los estudiantes extranjeros o no está vigilando seriamente a sus estudiantes extranjeros”, afirma la Casa Blanca en el comunicado en el que anuncia la medida. También se acusa a Harvard, así como a otras universidades elitistas de la Ivy League, de “priorizar” las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) por encima de destapar a promotores del antisemitismo y el terrorismo.
La Casa Blanca acusa a la universidad de permitir el antisemitismo y de no proporcionar datos sobre los extranjeros
El asalto ideológico a la universidad busca perjudicar económicamente a la universidad más antigua, rica y prestigiosa del país, que, como la educación superior en general, es un templo de intercambio de ideas y pensamiento crítico, los mismos que detestan los regímenes autoritarios. También forma parte de la mentalidad racista y nativista del Gobierno de Trump, que considera que todo extranjero es susceptible de ser una amenaza para la seguridad nacional.
La orden busca evitar la suspensión temporal de la jueza Allison Burroughs, de Boston, de la orden emitida por la Administración para eliminar el programa de visados de estudiantes internacionales de Harvard de manera indefinida. Harvard denunció aquella orden, alegando que se trataba de una “clara represalia” por su negativa a aceptar una serie de exigencias políticas del Gobierno, que consideró que atacaban su libertad de expresión y académica.
Entre las restrictivas exigencias, impuestas por el Grupo de Trabajo sobre el Antisemitismo, dependiente del departamento de Seguridad Nacional, se encontraban la eliminación de los programas de diversidad e inclusión, la prohibición de las mascarillas, la reforma de los criterios de admisión y contratación del profesorado o la persecución de la protesta propalestina.
Algunas de las principales universidades del país, como la Universidad de Columbia, accedieron a sus demandas. Pero el rechazo de Harvard llevó a Trump a congelar unos 2.600 millones de dólares en fondos plurianuales, de contratos y subvenciones, con la universidad. Esta última embestida supone una nueva escalada a la que también se espera que Harvard reaccione interponiendo una nueva demanda.