El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha prometido mejorar las relaciones con China y reactivar el diálogo con Corea del Norte, pero los testimonios de desertores sobre repatriaciones forzadas y abusivas desde territorio chino plantean un problema para el nuevo Gobierno, que prometió trabajar para mejorar la situación de los derechos humanos en el norte.
En la segunda jornada del foro organizado en Seúl por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, varios desertores detallaron los castigos que sufren quienes son devueltos a Corea del Norte tras intentar huir, en muchos casos después de años de vida en la clandestinidad en China.
Pese a que el principio de no devolución —consagrado en el derecho internacional— prohíbe retornar a una persona a un país donde pueda enfrentar tortura, tratos inhumanos o persecución, los testimonios presentados denuncian que China sigue repatriando a ciudadanos norcoreanos pese al alto riesgo de abusos en su país de origen, que incluyen trabajos forzados, violencia sexual, desapariciones y ejecución.
Las autoridades chinas no reconocen a los desertores como refugiados, sino como migrantes ilegales
Lejos de encontrar protección, los desertores —en su mayoría mujeres— terminan viviendo en la clandestinidad, sin documentos ni acceso a servicios básicos. Su estatus irregular las hace vulnerables tanto a la explotación como a la repatriación forzosa por parte de las autoridades chinas, que no las reconocen como refugiadas sino como migrantes ilegales.
La desertora Kim Jung-ah, líder de la organización Derechos para las Mujeres Norcoreanas (RFNK), citó una encuesta de su organización, realizada en 2023, que el 44 % de las mujeres repatriadas han sido separadas de sus hijos en China o Corea del Norte. Más de dos tercios reportan haber sufrido palizas por funcionarios del Departamento de Seguridad Estatal norcoreano, 17 % violencia sexual y 10 % abortos forzados.
La ONU estimaba en septiembre de 2023 que entre 1.500 y 2.000 norcoreanos se encontraban detenidos en territorio chino. Un mes después, medios surcoreanos reportaron la deportación masiva de unos 600 norcoreanos, desde China.
Lee también
El presidente Lee Jae-myung prometió en su campaña que su Gobierno trabajaria para mejorar de forma tangible la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, prometiendo asistencia humanitaria a familiares separados, prisioneros de guerra, secuestrados y desertores.
No obstante, dado que Lee también ha prometido impulsar la reconciliación intercoreana y restablecer lazos con Pekín tras años de tensión, estas prioridades diplomáticas podrían traducirse en silencio institucional por no poner en riesgo la cooperación con ambos países y los diálogos de desnuclearización norcoreana.
Controversias con el gobierno liberal
Seúl arrastra una deuda histórica con los repatriados. Ni siquiera los gobiernos progresistas que abogaron por el diálogo con Corea del Norte han sido capaces de abordar este tema de forma sostenida. El previo Gobierno liberal de Moon Jae-in carga con un polémico precedente de un presunto caso de repatriación forzada desde el propio Sur.
En 2019, la Administración Moon deportó a dos pescadores norcoreanos, ignorando sus peticiones de asilo, aparentemente para evitar fricciones con Pionyang. Tres años después se divulgaron fotografías tomadas en la aldea fronteriza de Panmunjom que mostraban a uno de ellos forcejeando y resistiéndose a ser repatriado, lo que desató críticas dentro y fuera del país.
Las autoridades surcoreanas revelaron que los hombres habían confesado haber asesinado a 16 compañeros de tripulación antes de desertar, por lo que, según Seúl, no podían ser considerados refugiados. Sin embargo, organismos como Amnistía Internacional denunciaron que no se les garantizó un juicio justo.