La Administración de Donald Trump está acumulando cada vez más poder, fallo tras fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si el mes pasado su mayoría conservadora limitó la capacidad de los jueces de distrito de bloquear sus decretos a nivel federal, ayer se volvió a posicionar a su favor al permitirle seguir adelante con los despidos masivos e indiscriminados de trabajadores federales y funcionarios.
En respuesta a una nueva solicitud de emergencia de la Casa Blanca, la máxima instancia judicial anuló la suspensión temporal de una jueza inferior de la orden ejecutiva que firmó Trump en febrero para iniciar su desmantelamiento de la burocracia, con la que ordenó a las agencias federales reducir a “a gran escala” su fuerza de trabajo. El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado hasta el mes pasado por el magnate Elon Musk, ahora enemistado con Trump, fue el brazo ejecutor de estos despidos.
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La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, había bloqueado la aplicación del decreto argumentando que el presidente se había saltado la autoridad del Congreso, pues fue el legislativo el poder encargado de asignar los fondos para la contratación de esos funcionarios. En un breve texto sin explicación ni recuento de los votos de los magistrados, como suele ocurrir en sus decisiones de emergencia, el Supremo ha decidido invalidar la orden de Illston.
Ahora el futuro laboral de decenas de miles de trabajadores públicos en 19 agencias federales, que habían sido despedidos tras el decreto y en su mayoría readmitidos tras el bloqueo temporal de la jueza, se encuentra en un limbo. El Supremo no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, la capacidad del presidente de asaltar las competencias del Congreso para sus despidos masivos, pero sí sostiene, en un breve texto de dos párrafos, que “la argumentación del gobierno probablemente prosperará”.
La jueza Ketanji Brown Jackson, una de las tres progresistas de los nueve magistrados del tribunal, emitió una contundente opinión de disenso, en la que advirtió del potencial daño que puede derivarse de permitir a la Casa Blanca llevar a cabo estos despidos masivos antes de que se haya determinado su legalidad. “Por alguna razón, este tribunal considera oportuno intervenir ahora y soltar la bola de demolición del presidente al inicio de este litigio”, escribió Jackson en su disenso de 15 páginas. “A mi parecer, esta decisión no solo es realmente lamentable, sino también arrogante y absurda”.
Ketanji Brown Jackson, magistrada del Tribunal Supremo
“A mi parecer, esta decisión no solo es realmente lamentable, sino también arrogante y absurda”
En contraste, Sonia Sotomayor, otra de las progresistas, sí se posicionó con la mayoría conservadora, asegurando que Trump había ordenado a las agencias operar “de acuerdo con la legalidad vigente”, por lo que el decreto en sí no era improcedente y todavía hay tiempo para determinar la legalidad de los despidos. “Los planes en sí no están ante este tribunal, en esta fase, y por tanto no tenemos ocasión de considerar si pueden o van a ejecutarse de manera coherente con las limitaciones legales”, escribió Sotomayor.
Con este último fallo, el Supremo cimenta todavía más la autoridad presidencial, en detrimento de los poderes competenciales del legislativo. Se suma a una larga lista de victorias judiciales para el desmantelamiento de la burocracia de Trump en el alto tribunal, que ya permitió los despidos de reguladores independientes y de miles de empleados en periodo de prueba, mientras sus litigios siguen todavía en los tribunales inferiores.
De momento, las distintas agencias podrán seguir adelante con sus planeados despidos, así como con los que se planteen en un futuro. Por ejemplo, el lunes, el departamento de Asuntos de los Veteranos anunció que prevé reducir su plantilla en casi 30.000 empleados; el departamento de Estado también recortará el 15% del personal; el de Salud despidió a 10.000 en abril, aunque fueron readmitidos y podrán ser expulsados de nuevo tras el fallo de la justicia, y lo mismo ocurrirá con 7.000 trabajadores de la Administración de Seguridad Social, entre otros organismos.
Los sindicatos demandantes respondieron a la decisión del Supremo con nuevas demandas y denunciaron que el alto tribunal está permitiendo “una reorganización vertiginosa del gobierno federal” antes de que se haya decidido su legalidad. “Si los tribunales finalmente determinan que el presidente excedió su autoridad e invadió la del Congreso, en la práctica no habrá forma de volver atrás en el tiempo para restaurar esas agencias, funciones y servicios”, escribieron los demandantes. “Sea cual sea la opinión que se tenga sobre el tamaño adecuado del gobierno, esa visión no puede imponerse mediante una orden ejecutiva unilateral, sin entablar el diálogo y la cooperación con el Congreso que exige la Constitución y que los presidentes históricamente han seguido”.