El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este viernes una importante victoria a la agenda nativista de Donald Trump. Por una mayoría de 6 a 3, los magistrados han limitado el poder de los jueces federales para bloquear a nivel nacional su orden ejecutiva con la que eliminó el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución.
Aunque no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto, la mayoría conservadora da la razón al presidente en uno de sus principales frentes en la batalla contra el poder judicial: la capacidad de los jueces federales de distrito de frenar sus medidas a nivel nacional. Este es el primer fallo de la máxima instancia judicial en un día de intensa actividad, en el que también ha decidido sobre otros tres casos.
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“Esta mañana, el Tribunal Supremo ha logrado una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho al rechazar el uso excesivo de mandamientos judiciales a nivel nacional para interferir en el funcionamiento normal del poder ejecutivo”, ha celebrado Trump sobre una sentencia que decanta la balanza del poder hacia el ejecutivo, en detrimento del judicial. “En los últimos meses hemos visto cómo un puñado de jueces radicales de izquierda han intentado anular los poderes legítimos del presidente para impedir que el pueblo obtenga las políticas por las que votó en cifras récord”, ha añadido, aunque ganó las elecciones por un 1,5% de los votos.
El presidente firmó en su primer día en la Casa Blanca una orden ejecutiva que limitaba el derecho de las personas nacidas en EE.UU. de recibir de forma automática la ciudadanía estadounidense, que forma parte de la Constitución desde hace más de 150 años. Esta enmienda permite a los hijos de inmigrantes en situación irregular obtener la ciudadanía por el hecho de haber nacido en el país, lo que después da argumentos a sus padres para regularizar también su situación.
El decreto se topó de inmediato con numerosos reveses judiciales, con bloqueos cautelares de jueces federales de distrito en 22 estados. Pero ahora el Supremo invalida la entrada en vigor de esas órdenes a nivel nacional, más allá de los estados sobre los que tienen jurisdicción. De este modo, el alto tribunal permitirá la entrada en vigor del decreto de Trump en los 28 estados que no han impugnado la medida a partir de “30 días después de la fecha de este dictamen”, asegura la jueza Amy Coney Barrett, representante de la mayoría conservadora.
Esta victoria judicial dará impulso a la capacidad de Trump de sacar adelante su agenda, no solo en este asunto, también en otros casos en los que los jueces federales han bloqueado sus decretos. De este modo, relaja todavía más los límites del poder ejecutivo, que a lo largo de la historia ha ido acaparando más autoridad en detrimento del legislativo y el judicial, y que Trump está llevando hacia nuevas cotas con una firma récord de órdenes ejecutivas.
“Gracias a esta decisión, ahora podemos aplicar sin demora numerosas políticas que han sido injustamente prohibidas en todo el país”, ha señalado Trump, “incluyendo la ciudadanía por nacimiento, el fin de la financiación de las ciudades refugio, la suspensión del reasentamiento de refugiados, la congelación de fondos innecesarios, el fin del pago por parte de los contribuyentes federales de las cirugías de reasignación de género y muchas otras prioridades. Tengo una lista completa”.
Ketanji Brown Johnson, magistrada del Tribunal Supremo
“La decisión de permitir que el Ejecutivo viole la Constitución es una amenaza existencial para el Estado de derecho”
En el fallo, de 119 páginas, los jueces se han mostrado divididos según su línea ideológica. Los seis conservadores, tres de los cuales fueron nombrados por Trump en su primer mandato, se han posicionado a favor de su Administración, mientras que las tres progresistas han disentido.
En la opinión de la mayoría, las llamadas órdenes judiciales universales –decretadas por un juez federal de distrito y aplicadas a nivel nacional– “han sido notablemente inexistentes durante la mayor parte de la historia de nuestra nación”, asegura Coney Barrett.
En su disenso, la jueza progresista Ketanji Brown Jackson señala que “la decisión del Tribunal de permitir que el Ejecutivo viole la Constitución con respecto a cualquier persona que aún no haya presentado una demanda es una amenaza existencial para el Estado de derecho”. En un redactado más contundente, la jueza Sonia Sotomayor califica la decisión de la mayoría como “una parodia del Estado de derecho”.
Uno de los jueces que bloqueó de forma cautelar la polémica orden ejecutiva de Trump, John Coughenour, de Seattle (Washington), afirmó en su sentencia que el decreto era “descaradamente inconstitucional” y por decidió en enero bloquearla de inmediato. “Llevo en el banquillo más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada fuera tan clara”, afirmó en la audiencia Coughenour, que fue nombrado por Ronald Reagan y se mostró “asombrado” porque los asesores de Trump hubieran considerado que su decreto es constitucional.
Los cuatro estados (Washington, Arizona, Illinois y Oregón) que presentaron la demanda en este caso, el primero en el que se bloqueó el decreto de Trump, calcularon que su orden ejecutiva afectaría al menos a unos 153.000 hijos de indocumentados que nacen cada año en el país. Su derecho a la ciudadanía fue establecido en 1868, con la promulgación de la decimocuarta enmienda, que establece en su Sección 1 que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Trump interpretó a su manera esta cláusula al considerar que, como los padres están en el país ilegalmente, no están “sujetos a la jurisdicción” del gobierno de EE.UU., y por tanto sus hijos no merecen la ciudadanía. Sin embargo, todo el precedente legal en los últimos 150 años ha interpretado que la enmienda aplica a “todos” los bebés nacidos en el país. De momento, el Supremo no se pronuncia sobre la constitucionalidad de esta interpretación y da 30 días para que se puedan presentar nuevas demandas al decreto presidencial, antes de su entrada en vigor.
Más fallos del Tribunal Supremo
Los Estados podrán exigir la verificación de edad para el acceso al porno
Este frenético viernes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido otros tres fallos que tendrán consecuencias a nivel federal. La mayoría conservadora ha validado una ley promulgada por el Estado de Texas que impone requisitos de verificación de edad para acceder a los sitios web con contenidos pornográficos, lo que abrirá la puerta a que otros estados apliquen leyes similares.
Además, los seis jueces conservadores también se han unido en el dictamen a las escuelas públicas de Maryland de permitir retirar a sus hijos de las clases en las que se traten asuntos LGTBI, incluidos cuentos con personajes homosexuales y transgénero, si tienen objeciones religiosas a dichos libros.
Por último, el alto tribunal ha rechazado una impugnación de la Ley de Asistencia Asequible, el principal logro legislativo del expresidente Barack Obama. Concretamente, tres jueces conservadores se han unido a las tres progresistas al determinar que es constitucional la creación de un grupo de trabajo creado en el marco de la ley para determinar qué tipos de atención preventiva deben ofrecer las compañías de seguros de forma gratuita.