El rapero portorriqueño René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, ha anunciado la cancelación de su participación en dos destacados festivales españoles —el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Fest— tras descubrir que el fondo de inversión KKR forma parte de la propiedad de los eventos.
En un comunicado difundido recientemente en sus redes sociales, el ex miembro y fundador de Calle 13 explicó que, gracias a una investigación inicial de su equipo, pudo confirmar que KKR invierte en empresas israelíes “vinculadas a tecnología militar, vigilancia, espionaje y proyectos inmobiliarios” en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados. El artista calificó estas actividades como una “contribución indirecta al genocidio y a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino”, por lo que “no puedo participar ni un solo segundo” en estos eventos.
Residente advirtió que su decisión, aunque firme en lo ético y fiel a sus “principios”, podría conllevar consecuencias legales y pidió disculpas a quienes ya han comprado su entrada para verlo.
¿Quién es KKR?
KKR (Kohlberg Kravis Roberts) es un fondo de inversión estadounidense que se ha convertido, desde enero de 2024, en el propietario de Superstruct Entertainment —la promotora responsable de hasta 80 festivales internacionales, entre ellos Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, Arenal Sound, Monegros, Granada Sound y el FIB— y plataformas como Boiler Room.
Un boicot global en crecimiento
La decisión de Residente se enmarca en una ola de boicot iniciada en mayo, cuando varios artistas y bandas anunciaron que abandonarían festivales vinculados a fondos con inversiones en Israel. Según El Salto Diario, grupos como Sons of Aguirre, Juliana Huxtable, Reincidentes, Animistic Beliefs o Judeline declinaron participar en eventos como el Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, y otros. De hecho, la lista supera más de medio centenar de artistas.
Este movimiento ha sido respaldado por iniciativas como Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), que exige transparencias éticas y el rechazo a empresas vinculadas con la ocupación israelí.