Uruguay podría convertirse este martes 12 de agosto en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, si la Cámara de Diputados aprueba en el plenario la ley de “muerte digna” que ya fue respaldada en comisión el mes pasado. La norma regularía el derecho de personas adultas a solicitar la eutanasia en situaciones de sufrimiento irreversible y sin expectativas de cura, siempre bajo estrictas garantías médicas y legales.
Sólo en ocho países del mundo está permitida la eutanasia: España, Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador, Colombia, Bélgica y Luxemburgo. A lo largo del continente americano, la eutanasia no sólo está está prohibida en la mayoría de los países, sino que también se encuentra penada por ley. Sin embargo, es un tema que ha generado un profundo debate en torno al derecho a morir con dignidad, el rol del Estado, la ética médica y los límites de la autonomía personal.
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“Creo que además de Uruguay, hay algunos países como Argentina o Chile donde se ha debatido durante años sobre este tema y tiene un proceso legislativo que apunta a que es un asunto más maduro, más profundo y que siguen el rumbo hacia una ley bien estructurada”, dijo a Deutsche Welle Federico Preve Cocco, diputado uruguayo y uno de los promotores de la ley de muerte digna en Uruguay.
Qué dice la ley
Solo podrán acceder a “morir dignamente” personas mayores de edad, conscientes y con enfermedades incurables o lesiones irreversibles que generen sufrimientos físicos o psíquicos intolerables. El proceso inicia con una solicitud escrita al médico tratante, quien debe informar al paciente sobre el diagnóstico, el pronóstico, los cuidados paliativos y otras alternativas. Se requiere una segunda evaluación médica independiente. Si hay desacuerdo entre profesionales, se activa una junta médica compuesta por tres especialistas. Si el proceso se completa según la ley, el médico podrá llevar a cabo la eutanasia, y el fallecimiento será registrado como muerte natural. Y por último, el personal de salud que participe en el proceso estará exento de responsabilidad penal, salvo que incumpla los procedimientos, lo que será sancionado conforme al Código Penal.
Camino lesgislativo
El proyecto fue aprobado en la Comisión de Salud de Diputados el 16 de julio, con los votos de legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado. Allí se debatieron varias propuestas de modificación, incluyendo la creación de un comité de garantías, pero finalmente se mantuvo el texto consensuado.
Ahora, la votación definitiva se dará en el plenario de la Cámara de Diputados el martes 12 de agosto, donde el resultado está abierto: el oficialismo no tiene mayoría propia, por lo que necesitará apoyos de partidos aliados o independientes. De aprobarse, Uruguay daría un paso histórico hacia la regulación del derecho a morir dignamente.