El alcalde de Chicago, el afroamericano Brandon Johnson, de 49 años, de la nueva generación de políticos demócratas, es una figura destacada en la lista negra del presidente Donald Trump.
En esta afirmación no se tiene en cuenta el color de la piel, sino que hace alusión a la animadversión que el presidente de Estados Unidos siente hacia Johnson, al que tilda de “socialista” y “débil” contra el crimen.
Todas las miradas están puestas en la ciudad del viento, apodo de esta urbe de Illinois, como el próximo frente que el mandatario pacifista está dispuesto a abrir, tras Washington, enviando a una legión de militares y agentes del FBI y de los servicios aduaneros, los del ICE o “la migra”, en el argot hispano.
Un coche de la policía de Chicago pasa frente a un edificio Trump
Frente a esa supuesta invasión uniformada –se calcula que se producirá a finales de esta semana–, Johnson firmó una orden ejecutiva en la que mostró la disposición del Ayuntamiento a resistir el despliegue de la Guardia Nacional y “la creciente escalada de amenazas del Gobierno federal”.
En su orden, el alcalde reclama a Trump que retire su plan y, en caso de ocurrir, avisa que la policía local no aceptará órdenes de nadie que no sea del propio alcalde, su jefe directo. Y que en todo momento defenderán los derechos de los vecinos.
El alcalde dice que la policía local no acatará órdenes y que los agentes federales no podrán usar mascarilla
“La policía de Chicago no colaborará con los agentes federales en patrullas policiales conjuntas, operaciones de arrestos ni en otras tareas, incluida la aplicación de la ley de Inmigración”, según esa directiva.
Toca otro punto controvertido. Johnson pide urgentemente a los funcionarios federales que “se abstengan de usar mascarilla” y se identifiquen por agencia y número de placa.
Desde que empezaron las operaciones contra los indocumentados, que arreciaron en Los Ángeles con el envío de militares, los policías van con el rostro tapado y sin ningún tipo de identificación, lo que recuerda a los escuadrones represores de cualquier dictadura.
“Podemos ver la aplicación militarizada de la inmigración. Podemos ver también tropas de la Guardia Nacional. Incluso podrías ver vehículos militares y miembros del servicio armados en nuestras calles. Nuestros vecinos no han pedido esto y, sin embargo, hemos de responder a esta situación”, afirmó el alcalde en el acto de la firma, que se produjo el sábado.
Lee tambiénLa espiral autoritaria: Trump normaliza medidas cada vez más draconianas
La iniciativa de Johnson supone el último esfuerzo para neutralizar el ataque de la Administración Trump a las ciudades lideradas por demócratas y en las que el presidente observa todos los males del mundo, aunque las encuestas digan lo contrario. Aplican la norma del parchís, que se mata una ficha y se cuenta veinte. No es más que la expansión que se inició en Los Ángeles y que ha continuado en la capital de la nación.
En su lista hay más ciudades, como Nueva York y San Francisco. Pero no figura ninguna de estados conservadores, como Misisipi o Luisiana, donde los índices de delincuencia son proporcionalmente superiores a los de esas otras metrópolis.
A favor de Trump juega su continua campaña de pintar ciertas partes del país como un infierno y que muchos votantes demócratas creen que la delincuencia es el peor problema en Estados Unidos.
