Un tribunal de la República Democrática del Congo (RDC) condenó este martes al exministro de Justicia del país Constant Mutamba a tres años de trabajos forzosos, entre otras penas, tras declararlo culpable de malversar cerca de 20 millones de dólares, algo más de 17 millones de euros.
“El Tribunal de Casación declara probada la infracción de malversación de fondos públicos imputada al acusado Constant Mutamba, lo condena a tres años de trabajos forzosos, a la prohibición durante cinco años tras el cumplimiento de la pena del derecho al voto y el derecho de elegibilidad, a la prohibición de acceso a cargos públicos (...) y a la privación del derecho a la libertad condicional”, dijo el magistrado Jacques Kabasele.
El exdirigente llegó a proponer la pena de muerte para quienes fueran condenados por desviar fondos del Estado
Según recogen medios locales, Kabasele señaló que el exministro actuó con una “voluntad deliberada de malversar fondos y recurriendo a procedimientos ilegales”.
Mutamba, de 37 años, estaba acusado de haber violado las normas de adjudicación de contratos públicos en un proyecto para construir una prisión en Kisangani, en el noreste del país, con un presupuesto estimado de unos 40 millones de dólares (34 millones de euros).
En concreto, se le investigaba por el presunto desvío de 19,9 millones de dólares a la empresa Zion Construction SARL sin autorización previa del Gobierno, utilizando fondos asignados a indemnizar a víctimas del conflicto en la parte oriental del país.
Mutamba pierde tambiém el derecho de elegibilidad y tenrá prohibido acceder en el futuro a cargos públicos
El político, que ha negado las acusaciones durante todo el proceso, dimitió el pasado junio y tildó entonces el juicio contra él como un “complot político” concebido por la vecina Ruanda, que apoya en sus combates en el este congoleño al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).
A finales del pasado mayo, la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) autorizó que se llevara a cabo la investigación judicial contra Mutamba al concluir que los cargos contra el entonces todavía ministro de Justicia eran “extremadamente graves”.
El exdirigente, que se había presentado como un firme defensor de la lucha contra la corrupción y llegó a proponer la pena de muerte para quienes fueran condenados por desviar fondos del Estado, fue nombrado ministro en 2024 tras haberse postulado como candidato presidencial en 2023.