El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, ha presentado este jueves una demanda contra la Administración de Donald Trump con el objetivo de bloquear su despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en la ciudad. En su escrito, define la toma federal de la capital de Estados Unidos, ordenada el mes pasado por el presidente, como una “ocupación militar involuntaria” e “ilegal”, puesto que se están usando a los soldados domésticos para funciones de policía local contra la voluntad del distrito federal.
Schwalb asegura que el mandatario ha excedido su autoridad al utilizar las tropas sin ningún motivo que lo justifique. Si bien el presidente es el comandante en jefe de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia —y, a diferencia de los 50 estados, no requiere la autorización de un gobernador para desplegar las tropas–, no puede utilizar a los soldados para fines de orden público, para los que tampoco tienen formación.
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“Desplegar a la Guardia Nacional para participar en tareas policiales no solo es innecesario y no deseado, sino que además es peligroso y dañino para el Distrito y sus residentes”, asegura Schwalb en un comunicado. “Ninguna ciudad estadounidense debería tener al ejército de EE.UU. —especialmente a militares de otros estados, que no rinden cuentas a los residentes ni están entrenados en la aplicación de la ley local— patrullando sus calles. Hoy es D.C., pero mañana podría ser cualquier otra ciudad. Hemos presentado esta acción para poner fin a esta extralimitación federal ilegal”.
Desde que Trump ordenó la toma militar de la capital, amparándose en una “epidemia del crimen” que desmienten los datos –pues los delitos violentos se encontraban en su mínimo en tres décadas–, ya hay alrededor de 3.000 miembros de la Guardia Nacional desplegados por Washington, incluidos unos 1.300 de siete estados.
La Casa Blanca ha respondido a la demanda del fiscal general de Washington a través de una portavoz, Abigail Jackson, quien sostiene que Trump no se ha extralimitado: “El presidente está plenamente dentro de su autoridad legal para desplegar a la Guardia Nacional en Washington con el fin de proteger activos federales y asistir a las fuerzas del orden en tareas específicas. Esta demanda no es más que otro intento —en detrimento de los residentes y visitantes de Washington— de socavar las operaciones altamente exitosas del presidente para frenar el crimen violento en la ciudad”.
Brian Schwalb, fiscal general de Washington
“Desplegar a la Guardia Nacional para tareas policiales es innecesario, peligroso y dañino para el Distrito y sus residentes”
La denuncia, la segunda que presenta el fiscal Schwalb desde que Trump declaró una “emergencia por criminalidad” el 11 de agosto, llega dos días después de que un juez federal de California dictaminara que el despliegue de soldados en Los Ángeles en junio, durante las protestas contra las redadas migratorias, había sido ilegal. Concretamente, el magistrado Charles Breyer interpretó el uso de 5.000 marines y efectivos de la Guardia Nacional en territorio doméstico violó la ley Posse Comitatus, que prohíbe al ejército actuar en asuntos civiles.
En paralelo, el presidente Trump ya prepara el despliegue del ejército en otras ciudades del país, entre las que ha mencionado Chicago, Baltimore, Nueva York y Nueva Orleans, a pesar del rechazo mayoritario de sus residentes, alcaldes y gobernadores.
En el caso de Chicago, donde el presidente mantiene el pulso con el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, el Pentágono ya ha tomado medidas: esta semana, ha aprobado el uso de una base naval en las afueras de la ciudad como punto de partida desde el que el departamento de Seguridad Nacional lanzará operaciones contra inmigrantes indocumentados.
Según avanza el Washington Post citando a dos fuentes conocedoras de la planificación, la Estación Naval Great Lakes también podría ser usada en las próximas semanas para alojar a miembros de la Guardia Nacional o de las fuerzas armadas en activo, en el caso de que Trump de el paso de desplegar a los soldados también allí.
Hasta ahora, el presidente se ha movido en el terreno de la amenaza, calificando Chicago como un “infierno” y un “matadero”, y exigiendo al gobernador Pritzker que dé autorización formal para el despliegue de los soldados. Pero también ha señalado que el uso del ejército en la principal ciudad de Illinois será un hecho y solo es “cuestión de cuándo se dará”.