El juez federal Charles R. Breyer, del distrito de San Francisco, ha dictaminado que el despliegue de 5.000 marines y soldados de la Guardia Nacional durante las protestas de Los Ángeles contra las redadas migratorias de Donald Trump fue ilegal. El magistrado considera que el uso del ejército como un cuerpo de policía y en contra de los propios ciudadanos estadounidenses viola la ley federal.
La sentencia se remonta al despliegue de los militares durante las manifestaciones del pasado mes de junio, acción con la que Trump avivó unas protestas que habían sido pacíficas. Ordenó su envío pese a la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, quien tiene la autoridad de pedir al Gobierno Federal el uso de la Guardia Nacional, una especie de ejército en reserva, en su propio Estado.
Charles R. Breyer, juez de distrito de San Francisco
“Se usaron soldados armados y vehículos militares para establecer perímetros, controlar multitudes y demostrar una presencia militar en Los Ángeles”
Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, “desplegaron a la Guardia Nacional y a los Marines en Los Ángeles, supuestamente para sofocar una rebelión y garantizar que se cumpliera la ley federal de inmigración”, escribe el juez Breyer en su fallo. “En efecto hubo protestas en Los Ángeles, y algunos individuos recurrieron a la violencia. Sin embargo, no hubo ninguna rebelión, ni tampoco las fuerzas del orden civiles fueron incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley”.
El magistrado ha determinado que el uso del ejército en funciones policiales viola la ley Posse Comitatus, firmada en 1878 precisamente para limitar la intervención militar en asuntos civiles. “Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que los demandados recurrieron sistemáticamente al uso de soldados armados (cuyas identidades estaban a menudo oscurecidas por el blindaje) y vehículos militares para establecer perímetros de protección y barreras al tráfico, participar en el control de multitudes y en general demostrar una presencia militar en torno a Los Ángeles. En suma, los demandados violaron la ley Posse Comitatus”, concluye Breyer.
Desde las protestas de junio, la Casa Blanca ha reducido el número de soldados desplegados en Los Ángeles, y en la actualidad hay unos 300, según el juez Breyer, estacionados ilegalmente. El magistrado ha ordenado que las tropas deben ser liberadas o su actividad debe limitarse a la protección de edificios federales. Además, ha prohibido que en adelante se use al ejército para funciones como detenciones, registros, patrullas o la gestión de disturbios. Pero ha retrasado su entrada en vigor hasta el 12 de septiembre, presumiblemente para dar margen a un posible recurso de la Administración.
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El caso supone una victoria para el gobernador Newsom, que se está erigiendo en la voz de la resistencia demócrata frente a Trump y en un posible candidato presidencial. Fue su gobierno estatal el que presentó la demanda contra la Administración Trump, que a su vez se prevé que presente un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
“Hoy, el tribunal se puso del lado de la democracia y la Constitución”, ha celebrado Newsom. “Ningún presidente es un rey —ni siquiera Trump— y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su gente. El intento de Trump de usar a las tropas federales como su fuerza policial personal es ilegal, autoritario y debe ser detenido en todos los tribunales de este país”, ha sentenciado en un comunicado.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha coincidido con el mensaje del gobernador, añadiendo que “la Casa Blanca intentó invadir la segunda ciudad más grande del país”, que además es un bastión del Partido Demócrata. “Eso es ilegal. Los Ángeles no se doblegará y no se quebrará. No nos dividiremos y no seremos derrotados”.
El fallo llega en un momento de expansión de la Guardia Nacional por parte de Trump, que el mes pasado ordenó su despliegue en Washington, amparándose en una supuesta “epidemia del crimen”, pese a que los delitos violentos estaban en su punto mínimo en tres décadas. Desde que los soldados patrullan armados las calles de la capital, de hecho, sus residentes se sienten más inseguros, según muestran las encuestas y los testimonios a este periódico.
El presidente lleva días amenazando con ampliar la presencia de soldados a otras ciudades demócratas, como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland) o Nueva York. De hecho, esta mañana ha sido bastante explícito a través de su cuenta de Truth Social, donde ha afirmado que “al menos 54 personas fueron disparadas en Chicago durante el fin de semana”, que “Chicago es la peor y más peligrosa ciudad del mundo, con diferencia” y que él resolverá “el problema del crimen rápidamente, igual que lo hice en Washington”.
El alcalde de la llamada ciudad del viento, Brandon Johnson, firmó el lunes una orden ejecutiva en la que mostró la disposición del Ayuntamiento a resistir el despliegue de la Guardia Nacional, que se prevé que llegue esta semana, y “la creciente escalada de amenazas del Gobierno ¬federal”. En su orden, el alcalde prohibió a la policía local colaborar con los militares en tareas de patrulla o con agentes migratorios en sus operaciones de detención de personas sin papeles.
El revés de la Administración Trump con su despliegue militar se suma a otras decisiones judiciales que han trastocado sus planes comerciales y migratorios. El viernes, un tribunal de apelaciones dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos a casi todos los países del mundo son ilegales. Además, el mismo día una jueza federal bloqueó las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal. Finalmente, el domingo otra jueza bloqueó el plan del Gobierno para deportar a centenares de niños guatemaltecos bajo custodia de las autoridades.
Con estos últimos fallos, la justicia se ha vuelto a demostrar como el principal contrapoder de Trump, aunque la máxima instancia judicial, el Tribunal Supremo, ha dado la razón al republicano en la mayoría de casos que han llegado a su mayoría conservadora.