El pasado 3 de septiembre, la Administración de Donald Trump ejecutó extrajudicialmente en aguas internacionales a 11 civiles en su bombardeo contra una pequeña embarcación que había salido de Venezuela. Su justificación fue que iba “cargada de droga” y que las personas a bordo eran “narcoterroristas” de la banda criminal del Tren de Aragua, pandilla a la que al comienzo del actual mandato designó como una “organización terrorista extranjera”.
La Casa Blanca también se ha amparado en la designación de “terrorista” para llevar a cabo centenares de deportaciones mediante la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pensada para contextos de guerra, o para revocar los visados de estudiantes que participaron en protestas contra la masacre de Israel en Gaza, alegando que apoyar a Palestina es apoyar a Hamas, y por tanto terrorismo.
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También acusó de terroristas a los manifestantes de Los Ángeles contra las redadas migratorias indiscriminadas, y justificó así el envío de la Guardia Nacional y marines a la ciudad progresista. Tras el trágico asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, Trump y altos cargos de su gobierno, como el jefe de políticas Stephen Miller, están vinculando con ligereza la “izquierda radical”, una expresión que utilizan de manera amplia, con la difusión de un mensaje que incita al terrorismo, cuya definición también es muy vaga.
Nada de esto es casual: desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, los sucesivos presidentes de Estados Unidos han ido acaparando cada vez más autoridad, incluido el uso de las fuerzas armadas, para lidiar con organizaciones terroristas y otros grupos que supongan una amenaza para el país. La Administración de George Bush creó la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados, y el Congreso amplió la lista preexistente de Organizaciones Terroristas Extranjeras. Ambas permiten al poder ejecutivo, a su exclusiva discreción, añadir y eliminar individuos y grupos de ellas.
“Muy conscientemente, la administración Trump está tratando de reutilizar las herramientas y la retórica de la Guerra contra el Terror para aplicarlas contra grupos criminales en América Latina”, asegura Brian Finucane, exasesor legal del departamento de Estado y asesor sénior de International Crisis Group. Sin embargo, “a diferencia de la Guerra contra el Terror, cuando EE.UU. combatía a grupos como Al Qaeda o ISIS dentro de un marco bélico —lo que convertía en legal matar combatientes enemigos—, aquí no hay tal marco. La administración Trump ni siquiera ha afirmado estar en conflicto armado con algún grupo organizado en América Latina”, señala.
La designación de un grupo como terrorista “no da autoridad para usar la fuerza militar contra él”, señala Funicane. “No convierte mágicamente a criminales civiles en combatientes que se puedan atacar. No da a EE.UU. una licencia para matar fuera de la ley. Y eso es exactamente lo que Trump ha afirmado”, añade. “Tenemos una palabra para matar de manera premeditada fuera de un conflicto armado: asesinato. Eso es lo que hicieron con el barco venezolano”.
Brian Funicane, asesor senior de Internacional Crisis Group
“En la Guerra contra el Terror, se usó el marco bélico para legalizar ataques a combatientes; el bombardeo al barco venezolano es completamente ilegal”
La Administración Trump usa la retórica de guerra –incluido el renombramiento del Pentágono por Departamento de Guerra–, pero no invoca los mecanismos que le permitirían actuar legalmente bajo esa lógica. En su guerra contra el narco, ha ordenado el despliegue de diez cazas F-35 en un aeródromo de Puerto Rico para realizar operaciones contra los carteles de la droga. Se suman a la ya abultada presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, que la Administración Trump asegura cumple la promesa de campaña de actuar con mano dura contra los grupos que introducen drogas como el fentanilo en Estados Unidos.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajó al territorio estadounidense junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y dijo a las tropas desplegadas que “no que están haciendo aquí no es un entrenamiento”, sino “un ejercicio real en defensa de los intereses vitales de Estados Unidos, para acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”. El expresentador de Fox News añadió que habrá más bombardeos dirigidos contra el narcotráfico fuera del territorio nacional: “No se quedará sólo en este ataque. Cualquiera que siga traficando en esas aguas y esté designado como narco-terrorista sufrirá el mismo destino”.
Ante las acusaciones de que se había cometido un crimen de guerra, el vicepresidente J.D. Vance respondió: “Me importa una mierda cómo lo llamen”, insistiendo en que la eliminación de los que “envenenan” EE.UU. “mejor y más alto uso del ejército”. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió durante una visita a México la eliminación extrajudicial de presuntos terroristas como el único método efectivo contra el narcotráfico. Y el presidente Trump no descartó desde la Casa Blanca usar ese método dentro de otros países, una violación todavía más evidente del derecho internacional que las ejecuciones en aguas internacionales.
Pero Finucane no cree que vaya a dar el paso, más allá de las amenazas. “Las fuerzas de EE.UU. han sido desplegadas en el Caribe con dos propósitos. Primero, para intimidar y presionar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela –creo que ese es particularmente el objetivo de Marco Rubio–, buscando que renuncie, o que sectores dentro del propio régimen lo derroquen”, señala el asesor de International Crisis Group. “Y segundo, realizar ataques performativos contra supuestos narcotraficantes. Al presidente Trump le gusta el espectáculo, y por eso publicó al momento en Truth Social el vídeo del bombardeo. Le gusta la puesta en escena y presentarse ante el pueblo como que va contra los tipos malos”.
En todo caso, no cree que estos ataques vayan a servir para su declarado objetivo: “Es absurdo pensar que atacar barcos en el Caribe va a reducir significativamente el flujo de drogas hacia EE.UU. Ni siquiera sabemos si ese barco llevaba drogas, y en caso de que sí, a dónde iban”, sentencia. “El problema de las drogas en EE.UU. es un problema de salud pública. Si el gobierno fuera serio, se centraría en la demanda y en la reducción de daños, no en acciones militares performativas que difícilmente tendrán un impacto real”.