La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto en duda la constitucionalidad de una provisión clave de la Ley de Derecho al Voto, la histórica norma promulgada en 1965, durante el movimiento de derechos civiles, que fue diseñada para impedir la discriminación racial en las elecciones. Durante los alegatos iniciales de un caso que determinará el futuro de esta ley, ha parecido dispuesta a desmantelar su sección segunda, que estipula que los estados no pueden imponer ningún requisito, condición o procedimiento “con el fin de negar o restringir el derecho de cualquier ciudadano a votar por motivos de raza o color”.
Esta sección ha sido usada en repetidas ocasiones por votantes afroamericanos para impugnar mapas electorales con los que se sentían discriminados con la herramienta del gerrymandering, la manipulación de distritos para obtener beneficio electoral, una práctica habitual en la política americana. El desmantelamiento de la sección segunda podría permitir a las legislaturas estatales republicanas una mayor libertad para rediseñar esas circunscripciones, poniendo en riesgo más de una decena de distritos de la Cámara de Representantes controlados por demócratas en lugares de mayoría negra.
El caso de Luisiana se remonta al 2020, cuando los republicanos aprobaron un mapa que diluía el voto negro
Este miércoles, ha llegado a la máxima instancia judicial un caso, Luisiana contra Callais, cuya resolución decidirá en los próximos meses el destino de esta ley. Gira en torno a una disputa sobre el sexto distrito electoral del Congreso de Luisiana, pero la decisión que tomen los nueve magistrados (6 conservadores y 3 progresistas) tendrá importantes implicaciones para el sistema electoral estadounidense, comenzando por las elecciones legislativas de noviembre del próximo año.
Se remonta al censo del 2020, cuando los republicanos de Luisiana aprobaron un nuevo mapa congresual en el que los votantes negros solo eran mayoría en uno de los seis distritos del Estado. Un grupo de ciudadanos afroamericanos presentó en marzo del 2022 una demanda bajo la sección dos, alegando que era razonable diseñar un distrito que diera mayoría a los votantes negros en un segundo distrito, en vez de diluir su poder de voto. Un juez y un tribunal de apelaciones les dieron la razón y ordenaron elaborar un nuevo mapa. Tras otro recurso, el Supremo permitió su entrada en vigor para las elecciones del 2024.
Pero, con la vista puesta en los comicios del año que viene, los republicanos decidieron dibujar un nuevo mapa. Rechazaron las propuestas de los demandantes y adoptaron un distrito con el que creen que preservarán los escaños de influyentes republicanos, como el del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, o el de la congresista Julia Letlow. Cuando el mapa entró en vigor, sin embargo, un grupo de votantes blancos presentó una nueva demanda en otro tribunal, argumentando que el nuevo diseño violaba las enmiendas 14ª y 15ª porque clasificaba a los votantes en función de su raza. Un panel de tres jueces les dio la razón y anuló el mapa, y ahora el Supremo estudia el caso en apelación.
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El alto tribunal escuchó por primera vez alegatos sobre el caso en marzo, pero su mayoría conservadora adoptó una medida inusual: no emitir ningún fallo sobre la legalidad del mapa al finalizar el curso judicial. En su lugar, ordenó a las partes que abordaran una pregunta más amplia: si el mapa electoral violaba las enmiendas 14ª y 15ª Constitución. Al formular esa pregunta, abrió la puerta a la posibilidad de declarar inconstitucional la sección dos en su aplicación para diseñar distritos electorales.
En el retorno del caso al Supremo, uno de los primeros que ha asumido en su nuevo curso judicial, los jueces conservadores han planteado que debería existir un límite temporal para usar la raza como factor en el rediseño de distritos, un requisito conquistado por el movimiento de los derechos civiles. “Los precedentes de este tribunal, en distintos contextos, han señalado que los remedios basados en la raza son admisibles durante un periodo de tiempo, pero que no deberían ser indefinidos y deberían tener un punto final”, ha dicho el juez Brett M. Kavanaugh, quien se espera que desempeñe un papel clave en la decisión.
Troy Carter, congresista demócrata de Luisiana
“Se trata de equidad, de cumplir con la ley federal y de garantizar que las voces negras en Luisiana no sean silenciadas”
Los abogados que representan al grupo de ciudadanos blancos que presentó la demanda argumentaron que “la redistribución de distritos basada en la raza perjudica a los votantes —y, por extensión, a nuestro sistema político— al clasificarlos según el color de su piel y dividirlos entre distritos de minorías y no minorías”. Pero los representantes de la minoría afroamericana opinan que “sin la sección segunda, las jurisdicciones podrían eliminar distritos de oportunidad para las minorías incluso cuando sigan siendo necesarios para que los votantes de color tengan alguna posibilidad de elegir a sus candidatos preferidos, eliminando así la representación de las minorías y resegregando legislaturas, ayuntamientos y juntas escolares”.
Tras los alegatos de este miércoles, congresista Troy Carter, uno de los dos legisladores negros que representan a Luisiana en la Cámara de Representantes, ha emitido un comunicado. “La creación de un segundo distrito con mayoría de minorías no se trata de una cuestión de raza; se trata de equidad, de cumplir con la ley federal y de garantizar que las voces negras en Luisiana no sean silenciadas”, ha afirmado.