Históricamente, los presidentes peruanos han tenido la tentación de resolver las crisis declarando el estado de emergencia y casi nunca han acabado bien.
El nuevo mandatario no es una excepción. José Jerí, que asumió el cargo el 10 de octubre como titular del Congreso tras la repentina destitución de Dina Boluarte, decretó este martes el estado de emergencia en Lima y Callao –junto a la capital– durante 30 días con el argumento de luchar contra el crimen organizado.
Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”
No obstante, con esta medida también quedan prohibidas las protestas que han perseverado pidiendo la dimisión de Jerí, igual que pedían la de Boluarte. La indignación popular aumentó tras la muerte de un manifestante el 15 de octubre, supuestamente por el disparo de un agente de paisano.
“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, dijo Jerí, cuyo mandato debería finalizar tras las presidenciales de abril próximo. “Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, agregó tras anunciar la medida.
Quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión
El estado de emergencia entró en vigor este miércoles y el presidente no dudó en acompañar a la policía en las primeras operaciones, que incluyeron una intervención a la cárcel de Lurigancho.
Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 24 personas vinculadas con el narcotráfico al inicio del estado de emergencia y aclararon que 21 de ellas eran “extranjeras”.
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Jerí es el octavo presidente en la última década de Perú, un país que está instalado en una crisis política permanente.
Estado de emergencia
Una medida habitual
La medida extrema también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la policía en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como estaciones de metro y autobús y ante otras situaciones de violencia.El estado de emergencia ha sido decretado por el Ejecutivo peruano en los últimos años en varias regiones del país, especialmente en la costa norte para combatir la minería ilegal, e incluso en algunos distritos de la capital para que la policía tenga el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana.
