El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su “permanente incapacidad moral” para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.
El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.
La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.
Asimismo, la petición presentada este viernes por la Fiscalía de Perú para prohibir a Dina Boluarte que pueda salir del país hasta por tres años mientras es investigada por presunta corrupción será evaluada por un juez el próximo miércoles 15, según anunció el Poder Judicial.
Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, lo que impulsó su proceso de destitución
El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señaló que se declara la “permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República” peruana.
Detalló que este jueves se presentaron cuatro mociones de orden del día que propusieron la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.
Por ese motivo, resolvió declarar su “permanente incapacidad moral” y la vacancia de la presidencia, así como “en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido” en la Constitución peruana.
La destitución pone fin a un mandato de dos años y diez meses de la izquierdista
Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí. Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. “En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia”, remarcó.
De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación. Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, anunció en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso.
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“Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”, aseguró. Portugal acusó, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado “a esta garantía” y consumar “su violación”.
“Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones”, concluyó.
Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.
Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3%
Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.
El proceso fue irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.
Entre los promotores del proceso de destitución hubo varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.
Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3% según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.
Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte.