En el pasillo de la Casa Blanca donde cuelgan los retratos de todos los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump sustituyó la foto de Joe Biden por una imagen de un autopen, un mecanismo que permite replicar firmas y que, desde Dwight Eisenhower, han usado con frecuencia todos los mandatarios del país. Con esa burla, Trump envió el mensaje de que la presidencia de Biden fue ilegítima porque no fue él quien gobernó, sino sus asesores, que según él utilizaron ese dispositivo para aprobar medidas sin que él lo supiera. Ahora esta mofa se ha convertido en la principal justificación de la Administración Trump para enjuiciar a su adversario político.
En una carta enviada hoy a la fiscal general Pam Bondi, los congresistas republicanos alegan que las políticas que firmó Biden con autopen son ilegítimas y deben ser revertidas. Es el resultado del informe que ha publicado el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que, tras una investigación de cinco meses, concluye que el departamento de Justicia debe abrir una pesquisa contra la Administración Biden. Siguiendo la directriz del presidente Donald Trump, los republicanos consideran que los asesores del demócrata “encubrieron” su declive cognitivo y firmaron una serie de acciones ejecutivas con este dispositivo sin la participación directa ni el conocimiento del mandatario.
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La medida adoptada por los legisladores puede ser el primer paso de la “venganza” que prometió Trump en campaña contra su predecesor, cuyo departamento de Justicia le investigó a él, también a petición del Congreso, por haber alentado el asalto al Capitolio en enero del 2021. El presidente ha dicho en numerosas ocasiones que se debería investigar el uso que hizo Biden del autopen, así como al expresidente Barack Obama por haber intentado un “complot” para perpetuarse en el poder. Ninguna de estas acusaciones ha llegado, por ahora, a los tribunales.
En el último mes, otros tres adversarios políticos de Trump han sido imputados a petición del departamento de Justicia, una agencia teóricamente independiente del ejecutivo, pero que está siendo instrumentalizada por la Administración. Sin ninguna intención de esconder su implicación, las acusaciones formales del exdirector del FBI, James Comey, la fiscal de Nueva York que investigó a Trump por fraude, Letitia James, y el ex consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, se dieron después de una publicación del republicano en su red social en la que exigía a Bondi que les judicializara.
Si se cumplen los deseos de Trump y de sus fieles congresistas republicanos, Biden y sus asesores seguirán el mismo camino. En su informe, el comité afirma que su investigación no halló constancia de que Biden aprobara determinadas acciones ejecutivas, entre ellas algunas relacionadas con indultos presidenciales. Por ello, a menos que la Administración Biden pueda demostrar que el presidente aprobó esas medidas, el comité “considera nulas aquellas acciones realizadas mediante el uso del autopen” y concluye que “numerosas acciones ejecutivas realizadas durante la Administración Biden fueron ilegítimas”.
Los republicanos piden a Bondi que investigue todas las medidas de Biden “a fin de determinar si fueron debidamente autorizadas”
En su carta a la fiscal general, Bondi, los republicanos piden que investigue todas las acciones ejecutivas adoptadas durante la administración Biden “a fin de determinar si fueron debidamente autorizadas por el presidente de EE.UU.”, escribe el presidente del comité, James Comer. También piden al departamento de Justicia que determine si deben derivarse consecuencias legales de las conclusiones del comité.
La investigación de los republicanos se basó en el testimonio de más de una decena de antiguos funcionarios del gobierno de Biden. Pero el informe no incluye ninguna prueba concluyente de que los asesores del mandatario hubieran usado el autopen sin su consentimiento. Tampoco existe ninguna evaluación médica pública que indique que Biden estaba mentalmente incapacitado para tomar decisiones, ni que su declive cognitivo obligara a que sus asesores desempeñaran sus funciones.
“El autopen es legal. Otros presidentes lo usaron, incluido Trump. Son unos mentirosos y lo saben”, se defendió Biden en una entrevista en julio. Trump lleva todo el mandato obsesionado con el demócrata, al que cita en casi todas sus declaraciones públicas para reírse de su vejez (aunque es tres años mayor que él), para acusarlo de haber convertido EE.UU. en un paraíso para narcotraficantes, criminales e inmigrantes indocumentados, para culparlo de sus malos datos económicos y para asegurar que sus acciones fueron ilegítimas porque usó autopen.
El comité pide investigar al doctor de Biden por “encubrimiento” de su deterioro cognitivo
Entre los casos que destaca el informe de los republicanos, se cita a un testimonio anónimo que aseguró que Jeff Zients, el jefe de gabinete de Biden, autorizó a alguien a usar el autopen para conceder indultos. En otro, se menciona a un abogado de ética del Departamento de Justicia que expresó incertidumbre sobre si Biden había sido informado de una revisión que calificaba a algunos indultados como “altamente problemáticos”. “A la luz del deterioro cognitivo del expresidente y del encubrimiento por parte de su círculo más cercano, este proceso de ‘aprobación’ pone en duda la validez de todos los indultos supuestamente concedidos por el presidente Biden”, afirma el informe.
En él, también se acusa al médico de Biden, Kevin O'Connor, de haber jugado un papel esencial en el “encubrimiento” del deterioro mental del presidente. Según los republicanos, no le realizó ninguna prueba cognitiva y llegó a una conclusión falsa cuando aseguró en febrero del 2024 que Biden era “un hombre de 81 años sano, activo y vigoroso, que sigue en condiciones de ejercer con éxito las funciones de la presidencia”. Los legisladores lo citaron ante el comité, pero O'Connor se negó a responder sus preguntas, alegando confidencialidad entre médico y paciente. El comité considera que tanto O'Connor como varios asesores de Biden deben ser investigados, y así se lo hace constar a la fiscal general Bondi.
No es el único doctor al que se ha acusado de encubrir el estado físico y mental de un presidente. El propio médico de Trump, Ronny Jackson, también recibió críticas cuando aseguró en el 2018 que si su paciente “hubiera tenido una dieta más saludable durante los últimos 20 años, podría vivir hasta los 200 años” y elogió sus “genes increíbles”.