La redada en Río de Janeiro, que se saldó con 121 personas muertas, incluidos cuatro policías y dos adolescentes, no supuso el golpe al narcotráfico que el gobernador del estado brasileño esperaba. Pese a que la operación —la más mortal de la historia de Brasil— fue presentada como un éxito por la versión oficial, ninguna de las 117 personas asesinadas por la policía estaba entre los 69 sospechosos nombrados por los fiscales en la denuncia que sirvió de base para la operación.
Durante la redada, que tenía como objetivo desarticular el Comando Vermelho —una de las bandas más notorias del país—, solo se consiguió arrestar a cinco de los sospechosos mencionados y ninguno de ellos era un líder de alto rango, según el informe policial completo sobre la operación compartido con la Corte Suprema de Brasil.
Pese a que el gobernador afirmó que los asesinados eran criminales, 19 de ellos no tenían antecedentes penales
Según el informe, mientras que 99 sospechosos fueron detenidos, el principal líder de la banda, Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca, sigue prófugo. La redada se produjo una semana antes de que los líderes mundiales comenzaran a llegar a la cumbre climática de la ONU COP30, y fue calificada por el presidente Lula como desastrosa.
Sin embargo, el sector conservador brasileño la presentan como un modelo para combatir el crimen organizado, y el gobernador de Río, Claudio Castro, miembro del Partido Liberal liderado por Jair Bolsonaro, aboga por redadas agresivas para incautar armas y arrestar o eliminar a miembros de bandas, a pesar del alto costo humano.
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El propio gobernador afirmó estar 100 % seguro de que todos los asesinados eran criminales, mientras que en el informe figuran 19 personas sin antecedentes penales entre las víctimas. Según Castro, el número de personas muertas y arrestadas mostraba que “la situación es mucho peor de lo que mostró la investigación”, y aseguró que se planean otras redadas en los próximos meses en las favelas de Río.
Después de la operación, los residentes locales alinearon decenas de cuerpos en las calles para poder reconocer a sus familiares entre los asesinados. Los resultados iniciales de la redada alimentaron las críticas de las familias de las víctimas, así como de defensores de los derechos humanos, quienes sostienen que la policía mató indiscriminadamente en lugar de perseguir objetivos claros.