La madrugada del pasado 22 de noviembre sucedió algo inédito en la política francesa. Después de 125 horas de debate –repartidas en varias semanas– y numerosas enmiendas, la Asamblea Nacional rechazó la parte de ingresos del proyecto de presupuestos para el 2026. Solo hubo un voto a favor, 404 en contra y 84 abstenciones.
Este sorprendente resultado puso en evidencia el bloqueo político, por la falta de consenso, y el caos parlamentario. Nadie entre los macronistas votó a favor porque el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo quedó absolutamente desnaturalizado y amenazaba con agravar la delicada situación de las finanzas públicas.
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Los padres de la patria dieron una imagen penosa, de rifirrafe sin fin y pérdida de tiempo. Toda la discusión y el trabajo previos fueron en vano. El Senado acabó recibiendo el texto original del Gobierno, y vuelta a empezar.
Los socialistas pretendían introducir nuevos impuestos a las empresas multinacionales, a los gigantes digitales y a la llamada “fortuna improductiva”, entre otros. Muchas de sus propuestas avanzaron, pese a la oposición del Gobierno, que está en minoría, y gracias a alianzas puntuales y variopintas que incluyeron a la extrema derecha de Marine Le Pen. Al final, sin embargo, el paquete de ingresos no convenció a nadie.
En el Senado existe una mayoría de derechas, por lo que el texto que salga de allí tiene casi nulas posibilidades de ser aceptado por la Asamblea Nacional. La comisión mixta paritaria entre las dos cámaras debería posibilitar un consenso en el que nadie cree.
La solución de urgencia puede ser una ley especial, como se hizo al caer Michel Barnier hace un año
Hace un año, la imposibilidad de aprobar los presupuestos provocó la caída de Michel Barnier, que resistió apenas tres meses en el cargo. Hubo de aprobarse a toda prisa una ley especial para garantizar provisionalmente el funcionamiento del Estado. Existen muchas posibilidades de que de nuevo deba recurrirse a una ley especial, con la esperanza de que, en los primeros meses del 2026 surja un acuerdo in extremis para unos presupuestos. El actual primer ministro, Sébastien Lecornu, muy cercano a Macron, sigue una estrategia de ganar tiempo, trampeando la situación. Confía en que la proximidad de las elecciones municipales, el marzo que viene, conjure el peligro de una moción de censura. Los partidos estarán demasiado concentrados en la política local como para abrir el melón de una nueva disolución de la Asamblea y comicios anticipados.
Esta parálisis y crisis permanente da alas a la extrema derecha, que consolida su liderazgo. El presidente del Reagrupamiento Nacional (RN), Jordan Bardella, de 30 años, ganaría las presidenciales –previstas para el 2027–, según una encuesta de Odoxa, la pasada semana, para el canal Public Sénat y un consorcio de la prensa regional. Bardella sería el candidato de RN si el juicio de apelación confirma la inhabilitación de Le Pen por fraude al Parlamento Europeo. Hace tiempo que Bardella es favorito para la primera vuelta. Lo nuevo es que también lo es para el segundo turno, fuera quien fuera su contrincante. Ante Jean-Luc Mélenchon (izquierda radical), sacaría el 74% de votos. Ante el ex primer ministro Édouard Philippe (centroderecha), el 53%, un resultado mucho más ajustado, pero está claro que el viento sopla a su favor
