El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afronta un escrutinio bipartidista en el Capitolio por presuntamente haber dado la orden de matar a los supervivientes de un bombardeo del Pentágono a una supuesta narcolancha en el Caribe.
Varios representantes demócratas y un republicano de alto rango dijeron el domingo que el ataque podría constituir un “crimen de guerra”, pues el derecho internacional prohíbe atacar a náufragos o heridos en el mar y obliga a la parte agresora a proteger su integridad. Aunque EE.UU. No está oficialmente en guerra, la Casa Blanca sostiene que está en un “conflicto armado no internacional” contra los narcotraficantes, por lo que algunos legisladores afirman que podría entrar en la definición de crimen de guerra.
La polémica nació de una exclusiva publicada el viernes por el Washington Post, que describe citando a fuentes anónimas del Pentágono los hechos ocurridos el 2 de septiembre, en el primer ataque conocido de EE.UU. En su campaña contra el narcotráfico. Según el periódico, Hegseth dio la orden de “matar a todos” los tripulantes de un barco que navegaba frente a la costa de Trinidad y que la inteligencia estadounidense había identificado que transportaba drogas.
El ejército disparó un misil, que impactó en la embarcación y encendió un fuego de proa a popa. Cuando el humo se disipó, los comandantes observaron a dos supervivientes que se aferraban a los restos humeantes en el agua. Fue entonces cuando el comandante de Operaciones Especiales que supervisaba el ataque ordenó el lanzamiento de un segundo misil para cumplir con la instrucción de Hegseth. Los dos supervivientes fueron aniquilados, a pesar de que a todas luces ya no representaban ninguna amenaza para EE.UU.
Mike Rogers, congresista republicano y presidente del Comité de Servicios Armados
“Nos tomamos en serio los informes y vamos a tomar medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación”
A raíz de este escándalo, los presidentes republicanos de los comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado han prometido una “supervisión rigurosa” del incidente. “Nos tomamos en serio los informes de ataques consecutivos contra embarcaciones que supuestamente transportaban narcóticos en la región del Comando Sur y vamos a tomar medidas bipartidistas para obtener un informe completo de la operación”, dijo en un comunicado el republicano Mike Rogers, que preside el comité en la cámara baja. “El Comité ha solicitado información al Pentágono, y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa”, dijo Roger Wicker, líder del comité en el Senado.
Hegseth ha negado desde el primer momento la exclusiva del Post, que calificó de “noticia falsa”, pues en su visión es imposible que hubiera supervivientes en el bombardeo. “Estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser letales. La intención declarada es frenar las drogas mortales, destruir las narcolanchas y matar a los narco-terroristas que están envenenando al pueblo estadounidense. Cada traficante que matamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, añadió el jefe del Pentágono, aunque no ha llegado a rechazar que dio la orden de “matar a todos” los tripulantes, incluidos los supervivientes.
Preguntado por ello este domingo, el presidente Donald Trump dijo a bordo del avión Air Force One que tiene “gran confianza” en su secretario de Guerra, quien le aseguró “que no dijo eso y le creo al 100%”. El republicano añadió que él no habría ordenado un segundo ataque y, aunque no dio credibilidad a la versión del Post, dijo que lo va “a averiguar”.
En el Congreso, decenas de legisladores se han mostrado dispuestos a llegar hasta el fondo en esta investigación. Mientras los demócratas lanzan acusaciones de “crimen de guerra”, los republicanos son más precavidos. “Evidentemente, si eso ocurrió, sería algo muy grave, y coincido en que sería un acto ilegal”, dijo el republicano Mike Turner, expresidente del comité de Inteligencia de la cámara baja. Más allá de si es un crimen de guerra o no, la acción descrita en la exclusiva del Post es contraria a los protocolos del Pentágono.
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La campaña estadounidense contra el narcotráfico, bautizada como Operación Lanza del Sur, ya ha realizado más de 20 ataques contra barcos en el mar Caribe y el océano Pacífico, en los que se ha ejecutado extrajudicialmente a unas 80 personas. La Administración Trump ha justificado estos ataques argumentando que EE.UU. Está en un “conflicto armado no internacional” con los narcotraficantes, a pesar de que no hay ninguna guerra declarada, algo que correspondería al Congreso, como se encargó de recordar este fin de semana el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
Trump dijo la semana pasada que EE.UU. Va a seguir intensificando sus acciones, especialmente contra presuntos narcotraficantes venezolanos, y sugirió que “muy pronto” podría incluir en la operación ataques terrestres en territorio venezolano. Siguiendo con esa amenaza, el sábado declaró el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela, algo que el régimen de Nicolás Maduro describió como una intromisión en su soberanía. Trump confirmó el domingo que la semana pasada habló por teléfono con Maduro, pero no dio detalles sobre la conversación, avanzada primero por The New York Times.
Uno de los objetivos detrás de la guerra contra el narcotráfico, según afirma abiertamente la Casa Blanca, es ejercer presión sobre Maduro para empoderar a la oposición, más dispuesta a permitir a las empresas estadounidenses hacer negocio con el petróleo y otros recursos naturales del país. Por eso, la semana pasada designó al presidente venezolano como líder de una organización terrorista, el cártel de los Soles, con lo que lo convirtió en un objetivo legítimo en la operación militar del Pentágono.
Esta tarde, Trump reunirá a varios de los miembros de su gabinete en el despacho oval para valorar las opciones sobre la mesa, según ha avanzado la CNN, aunque el encuentro no está en la agenda oficial del presidente. Se espera que asistan el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subdirector de gabinete, Stephen Miller, entre otros, para determinar los siguientes pasos a seguir en su ofensiva contra Maduro.