Uno de los colectivos que más ha combatido al Kremlin en las últimas dos décadas no podía faltar en las listas de personas y organizaciones prohibidas que en los últimos años han elaborado las autoridades en Rusia. Un tribunal de Moscú declaró este lunes “organización extremista” al grupo de punk rock Pussy Riot, cuyas componentes se encuentran actualmente fuera del país.
La decisión la tomó el Juzgado del distrito de Tver de la capital rusa, aceptando la petición que hizo en noviembre la Fiscalía General de Rusia. Como consecuencia, toda actividad de este grupo queda prohibida en Rusia.
Contrarias a la guerra en Ucrania
“Estamos de acuerdo con las demandas administrativas del fiscal general adjunto de la Federación Rusa sobre el reconocimiento de la asociación 'grupo Punk Pussy Riot' como una organización extremista y la prohibición de sus actividades en el territorio de la Federación Rusa”, informó en un comunicado el tribunal. La sentencia se dictó en una vista a puerta cerrada, como pidió la fiscalía.
Este colectivo feminista se ha manifestado contra la guerra en Ucrania, que se inició en 2022, pero lleva años oponiéndose a Vladímir Putin con sus obras artísticas o con impactantes actuaciones, y se ha convertido en un símbolo de la acción protesta contra el poder en Rusia. La más conocida de dichas acciones fue la llamada “oración punk”, cuando en febrero de 2012 varios miembros del grupo se colaron en la catedral de Cristo Salvador de Moscú e interpretaron una canción donde pedían a la virgen María que les librara del presidente ruso.
A resultas de esa actuación, dos de sus integrantes, María Aliójina y Nadezhda Tolokónnikova fueron condenadas a dos años de prisión por vandalismo.
Temor por sus seguidores
La decisión de este lunes de la justicia rusa no ha pillado de sorpresa a las Pussy Riot. “La ley está diseñada para borrar a Pussy Riot de la mente de los ciudadanos rusos”, declaró el grupo en su página de Facebook a principios de diciembre, antes del fallo judicial.
“Hemos sido radiactivos durante años, pero ser designados como organización extremista le da al estado más recursos legales para castigar a las personas por cualquier conexión con nosotros”, declaró el grupo, expresando su preocupación por “la seguridad de los simpatizantes de Pussy Riot que no pueden salir de Rusia o que deciden permanecer allí”.
De hecho, las integrantes del colectivo forman parte del archivo de personas y organizaciones que Rusia considera “agentes extranjeros”. Y a mediados de septiembre cinco de sus miembros fueron condenadas en ausencia a penas de prisión de 8 a 13 años por difundir falsificaciones sobre el Ejército ruso.
Huida clandestina
Entre ellas estaba Aliójina, que salió de Rusia clandestinamente en 2021 vestida de repartidora de comida y quien desde 2022 se encuentra en busca y captura.
“Si decir la verdad es extremismo, entonces estamos felices de se extremistas”, escribió desde Estados Unidos en X antes de la sentencia de este lunes Tolokónnikova.
Según los fiscales, el grupo supone una amenaza a la seguridad del Estado ruso, explica la agencia Tass. Para argumentar esta acusación, la fiscalía citó dos incidentes: el de la Catedral de Cristo Salvador de 2012 y una breve invasión de un campo de fútbol durante la Copa Mundial de 2018 en Moscú, cuando entraron en el terreno de juego vestidas de policías.
Tras este segundo episodio, Pussy Riot dijó que con su actuación querían reivindicar la libertad de expresión. Durante el reciente juicio a puerta cerrada, un abogado de la banda, Leonid Soloviov, dijo que las acciones del grupo habían sido “irónicas”, no eran una amenaza y no tenían intención de cambiar el orden constitucional.
