La policía francesa ha llevado a cabo este jueves un registro en el domicilio de su ministra de Cultura, Rachida Dati, en el marco de la investigación por presunta corrupción que se desarrolla desde hace semanas. La también precandidata a la alcaldía de París está bajo sospecha por un posible delito de tráfico de influencias, ambos relacionados con un caso vinculado a su etapa como eurodiputada entre 2009 y 2019.
Por este motivo, Agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) han llevado a cabo este registro, que también se ha realizado en el Ministerio de Cultura y en el Ayuntamiento del VII distrito de París.
Rachida Dati, poco después de ser nombrada ministra de Cultura, en enero del 2024
A Dati se le abrió esta investigación judicial en octubre, cuando se le atribuyó diversos delitos durante su mandato en el Parlamento Europeo, desde entonces se buscan pruebas que puedan apuntar en su dirección.
Fue en junio de este mismo año cuando el programa de investigación Complément d'enquête, de France Télévisions, y el semanario Le Nouvel Obs publicaron un documento que señalaba que la ministra de Cultura francesa podría haber percibido 299.000 euros a través de un bufete de abogados. Esa misma cantidad figuraba como un pago de la empresa energética GDF Suez a ese despacho, por lo que el juzgado investiga ahora si ambos movimientos están relacionados.
Rachida Dati cuenta con otras dos investigaciones judiciales abiertas
Este caso supone un torpedo para su camino hacia la alcaldía de París a la que quiere postularse para los comicios previstos en marzo de 2026. Dati pretende reemplazar a la socialista Anne Hidalgo, que ocupa el cargo desde 2014.
Sin embargo, no es el único proceso por presunta corrupción que la ministra francesa tiene abierto en la actualidad. En septiembre de 2026 se realizará el juicio sobre los 900.000 euros que cobró entre 2010 y 2012 por parte de una filial de Renault-Nissan (RNBV) durante su cargo en el Parlamento Europeo. El concepto de este ingreso es de asesoría jurídica y podría haberse utilizado para ocultar actividades de presión en la Eurocámara, según recogen medios como Europa Press.
A su vez, cuenta con otra investigación por 19 joyas de lujo —entre ellas relojes, pulseras y sortijas— valoradas entre 420.000 y 600.000 euros y que no habría declarado la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP).