Irán anunció este jueves que no aplicará la pena de muerte a Erfan Soltani, un manifestante de 26 años que había sido detenido el sábado y sentenciado a pasar por la horca el miércoles tras un juicio a puerta cerrada y a una velocidad insólita y sin las apropiadas garantías legales, según denunciaron varias oenegés de derechos humanos que llevaban días advirtiendo sobre el caso, que llamó la atención del Departamento de Estado de EE.UU. Y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El poder judicial iraní indicó que Soltani, actualmente recluido en una prisión de la ciudad de Karaj, una ciudad al noroeste de Teherán, está acusado de “colusión contra la seguridad interna del país y actividades de propaganda contra el régimen”, pero que la pena de muerte no se aplica a dichos cargos si son confirmados por un tribunal, según informaron medios estatales.
La decisión del poder judicial llega después de que la familia fuera informada del aplazamiento de la ejecución cuando llegó a la prisión de Ghezel Hesar el miércoles, con el fin de tener la que pensaban que era última visita con el detenido antes de ser sometido a la horca. El domingo las autoridades notificaron a la familia de que la sentencia de muerte sobre Soltani era firme y no se les permitió apelar, según afirmó la organización Derechos Humanos Hengaw, en contacto con un familiar.
Un pariente de Soltani señaló anoche a la agencia Associated Press que su familia había pasado los últimos seis días en agonía por lo que podría sucederle y que se quedaron con todavía más incertidumbre al no saber si la sentencia se llevaría a cabo. Horas más tarde, los medios estatales resolvían la incógnita al informar que la justicia no le aplicaría la pena de muerte.
