Detenciones preventivas y más margen para los policías armados, las medidas de Meloni contra los disturbios callejeros
Italia
La oposición ve en el decreto, aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, un giro autoritario
Primera ministra italiana, Giorgia Meloni, este jueves en Roma
Italia ha vivido días de fuerte tensión para el orden público. No solo por los violentos disturbios del sábado pasado en Turín, sino también por una serie de episodios de crónica que han sacudido a la opinión pública y han puesto contra las cuerdas a un Gobierno que ha hecho de la seguridad uno de sus pilares identitarios ante su electorado.
Giorgia Meloni sostiene que el “Estado no podía quedarse mirando”. Cinco días después de los enfrentamientos en las calles de Turín entre manifestantes vinculados a grupos anarquistas y la policía, el Ejecutivo reaccionó con un decreto de marcado tono securitario. La medida introduce, entre otras cosas, una detención preventiva policial de hasta 12 horas —siempre autorizada por un juez— en días de manifestaciones consideradas de riesgo, aplicable a personas con antecedentes por delitos graves contra el orden público o contra el Estado: desde terrorismo con explosivos hasta devastación y saqueo, masacre con fines políticos o violencia grave contra las instituciones. Paralelamente, el texto amplía las garantías legales para los agentes que hagan uso de sus armas.
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El decreto, aprobado este jueves por el Consejo de Ministros, incluye además la prohibición de vender cuchillos a menores. Quien porte en la vía pública hojas afiladas o puntiagudas de más de 8 centímetros sin motivo justificado se expone a penas de entre seis meses y tres años de prisión.
Varias de estas disposiciones —en particular la detención preventiva y el llamado “escudo penal” para la policía— suscitaron fuertes reservas del presidente de la República, Sergio Mattarella, por sus posibles problemas de constitucionalidad. Tras ese choque institucional soterrado, el Gobierno se vio obligado a suavizar algunos puntos del texto original.
La oposición, sin embargo, ve en el decreto un giro autoritario
Aun así, numerosos juristas sostienen que el decreto tiene sobre todo un valor simbólico y político, con efectos jurídicos limitados. Más que transformar el orden público, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de firmeza a su base y marcar terreno frente a la presión que llega también desde la extrema derecha.
El Gobierno ha subrayado con insistencia el carácter “preventivo” de la norma. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, evocó explícitamente los años del terrorismo: “Tratamos, con una actividad de prevención, de evitar que se repitan aquellos momentos tristes. El fenómeno de las Brigadas Rojas nació precisamente por una atención insuficiente, también por parte del Estado, hacia formas de agresividad odiosa contra las fuerzas del orden que habían sido descuidadas”.
La oposición, sin embargo, ve en el decreto un giro autoritario. “La detención preventiva y el escudo penal son normas inconstitucionales que limitan el derecho al disenso y no aportan ninguna respuesta real en materia de seguridad”, denunció Nicola Fratoianni, líder de Izquierda Italiana. “Nos batiremos contra esta nueva operación propagandística para defender la Constitución y la libertad de todos y todas”.