Nueva vuelta de tuerca en el caso de Candy, la persona que cambió de identidad de género tras ser condenada en Sevilla por malos tratos a su pareja y que se registró como mujer al amparo de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Su abogado ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense la anulación del juicio pendiente por presuntos delitos de amenazas, injurias, vejaciones y quebrantamiento de condena, por el que Cristina, la víctima, solicita una pena de cuatro años de prisión. El juicio ha sido aplazado en dos ocasiones debido a la incomparecencia del acusado.
El argumento de la defensa se basa en que, tras el cambio de identidad de género de Candy (anteriormente Cándido), el caso dejó de ser competencia de un juzgado de violencia de género y fue derivado a uno de instrucción, lo que, según el abogado, hace que el procedimiento sea “nulo de pleno derecho”.
Por su parte, el abogado de Cristina, José Antonio Sires, sostiene que esta estrategia constituye un “fraude de ley” con el que el acusado busca “eludir la acción de la Justicia”, y recuerda que los hechos denunciados ocurrieron en 2022, mientras que la identidad como Candy fue inscrita en el registro en agosto de 2023.
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Actualmente, Candy se encuentra en busca y captura tras huir para evitar el ingreso a prisión y cumplir una condena firme de 15 meses por un delito de violencia de género.
Dos aplazamientos por el mismo motivo
Tras el cambio de identidad de género de la persona denunciada, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se inhibió y derivó el caso a un Juzgado de Instrucción. Desde entonces, en enero y en una segunda ocasión posterior, el juicio ha sido aplazado tras presentarse escritos por parte del acusado para justificar su ausencia. La defensa insiste en que la instrucción previa, desarrollada por el juzgado de Violencia de Género, pierde validez al haberse trasladado el caso a otro tribunal.
En cambio, el abogado de la víctima subraya que “la persona ahora llamada Candy, y antes Cándido”, ha utilizado “el resquicio que le permite” la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad de las personas trans y LGTBI, con el fin de “eludir la acción de la Justicia mediante un fraude de ley”.
Sires destaca que los hechos denunciados datan de 2022, cuando la persona investigada aún figuraba con género masculino, y apela al artículo 46.3 de la mencionada ley, que establece que la rectificación registral del sexo y, en su caso, el cambio de nombre, “no alterará el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio, fuera aplicable a la persona”.
Acusación y penas solicitadas
La acusación particular solicita cuatro años de cárcel para Candy: un año por amenazas, dos por injurias y vejaciones, y otro más por quebrantar la orden de alejamiento, que prohíbe al acusado acercarse a menos de 300 metros de su expareja.
La Fiscalía, por su parte, pide dos años y un día de prisión por las amenazas, y propone una pena de ocho días de localización permanente por las injurias, sin pronunciarse sobre el quebrantamiento de condena.
El abogado de Cristina también ha señalado que Candy enfrenta al menos otras cuatro causas pendientes relacionadas con hechos similares hacia su defendida, mientras continúa prófuga.
