Candy, la persona que cambió de género en Sevilla tras ser condenada en septiembre de 2023 a 15 meses de prisión por un delito de maltrato continuado contra su expareja, ha sido detenida este fin de semana en la localidad de Espartinas tras un año y nueve meses en búsqueda y captura. Así lo ha confirmado la Policía Nacional, cuyas fuentes han señalado que ha ingresado en el centro penitenciario Sevilla I.
En la imagen (de espaldas) Cristina, la expareja de Cándido, ahora Candy. (EFE)
Recordemos que este caso ha generado mucha controversia después de que Cándido, ahora Candy, se cambiara de identidad de género y de nombre tras conocer su condena amparándose en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, de manera que forzó a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla a inhibirse en favor de los Juzgados de Instrucción de Sevilla al considerar que el los primeros ya no tenían competencia.
De hecho, fue a mediados de junio cuando su abogado solicitaba al Juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense la anulación del juicio pendiente por presuntos delitos de amenazas, injurias, vejaciones y quebrantamiento de condena, por el que Cristina, la víctima, solicita una pena de cuatro años de prisión. El juicio ha sido aplazado en dos ocasiones debido a la incomparecencia del acusado.
La detención se producía este viernes, momento en el que sobre Candy pesaban hasta cinco órdenes de búsqueda y captura por incumplimientos reiterados de los llamamientos judiciales. De estas órdenes, la principal requería su ingreso voluntario en prisión desde el pasado año.
Un caso controvertido: el cambio de sexo no le exime a Candy de cumplir su condena por malos tratos
Fue en 2023 cuando Cristina, la fuera pareja de Cándido, relató episodios de violencia física y psicológica en el ámbito doméstico. El caso llegó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla, órgano competente para enjuiciar delitos relacionados con violencia de género.
Sin embargo, Candy presentó un cambio registral de sexo y de nombre, alegando que, al constar como mujer, el juzgado especializado en violencia de género ya no era competente. Este argumento llevó al juzgado a inhibirse en favor de los Juzgados de Instrucción de Sevilla, lo que generó un intenso debate jurídico y mediático sobre si el cambio registral puede alterar la naturaleza de los hechos denunciados y la jurisdicción aplicable.
No obstante, pese a estas maniobras procesales, la condena por maltrato había quedado firme en vía penal. Según la acusación particular, representada por el letrado José Antonio Sires, el cambio registral no eximía al condenado de la responsabilidad penal por los hechos cometidos con anterioridad.
La orden de arresto se ha producido por varias incidencias de desobediencia procesal
La situación actual y consecuencias jurídicas
Tras su ingreso en prisión, las demás requisitorias pendientes quedarían desactivadas temporalmente, pero los juzgados correspondientes abrirán nuevas diligencias para coordinar la ejecución de las medidas judiciales que seguían vigentes. La defensa del condenado, por su parte, ha sostenido que Candy mantiene la intención de recurrir la vía jurisdiccional ordinaria y, eventualmente, acudir a instancias superiores si procede, con el objetivo de que se revisen los procedimientos que dieron lugar a la condena, alegando vulneración de derechos fundamentales.
Por su parte, el abogado de Cristina, Sires, ha incidido en que en el momento de la detención sobre Candy existían hasta cinco órdenes requisitorias, es decir, el arresto no se ha producido sólo por una orden sino por varias incidencias de desobediencia procesal.
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Este caso ha suscitado un importante debate jurídico y social en España sobre los límites del cambio de género en el Registro Civil y su efecto en delitos de violencia machista. Organizaciones feministas y expertos en Derecho penal han recordado que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que la consideración del delito como violencia de género depende del contexto y de la condición del agresor y la víctima en el momento de los hechos, no de modificaciones posteriores en el estado civil o registral.
