La Junta de Andalucía ha elevado el tono contra el Gobierno central tras la aprobación del Real Decreto 743/2025, que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (PP-A), ha anunciado este miércoles que la Junta estudia recurrir la norma por vía jurídica, mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, han denunciado un reparto “sectario, político y discriminatorio” que, aseguran, perjudica a Andalucía frente a Cataluña y País Vasco.
Según el decreto, Andalucía es la comunidad con mayor capacidad ordinaria de acogida (2.827 plazas), seguida de Cataluña (2.650) y Madrid (2.325). Sin embargo, en el reparto de traslados previsto para este año, el Ejecutivo asigna a Andalucía entre 600 y 800 menores, mientras que Cataluña y País Vasco apenas recibirán menores por el “esfuerzo realizado hasta ahora” o directamente quedarán exentas.
Moreno denunció que el decreto supone “cargar a costa de Andalucía una vez más”, cuando sus instalaciones ya están al 95% de capacidad, y criticó que el Gobierno central no reconozca a la región como “frontera sur”, mientras sí concede esa consideración al País Vasco. “Estamos a un tiro de piedra de África y vemos pateras en nuestras playas a menudo. ¿Llega alguna patera al País Vasco?”, se preguntó el presidente andaluz.
El gobierno regional habla de nuevos “agravios” por parte del Ejecutivo de Sánchez
En la misma línea, Antonio Sanz ha sostenido que el reparto es “absolutamente sectario, poco realista y muy político”, fruto de pactos para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. “¿Alguien se puede explicar que Cataluña y País Vasco no vayan a tener que afrontar la acogida de menores migrantes porque tienen pactos políticos? Eso es un trato discriminatorio”, ha afirmado. Además, el consejero de Presidencia de la Junta que el Ejecutivo trate a los menores como “mercancía política” y reiteró que Andalucía “es y siempre será solidaria”, pero exige respeto y recursos.
Por su parte, la consejera López ha señalado que, con la aprobación de este texto, “volvemos a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez”.
“Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños”, ha enfatizado la titular de Inclusión Social, para advertir que “nuestro Sistema de Protección de Menores está ya saturado, y no podemos olvidar que cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos”.
La solidaridad de Andalucía es incuestionable”
Como ejemplo de la “solidaridad incuestionable” de Andalucía, López ha aludido a “los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón”.
En este punto, la consejera ha indicado que el reparto “impuesto” por el Gobierno de España “reventará el sistema andaluz, que ya se encuentra colapsado, poniendo en peligro a los menores, tanto a los que ya están en el sistema andaluz como aquellos a los que quieren trasladar”.
La consejera ha advertido de que “para Andalucía siempre primará la defensa y protección del interés superior de los niños”, y ha reivindicado la importancia, a su juicio, de que el Ejecutivo central “reconozca Andalucía como 'Frontera Sur'”, una petición que “Pedro Sánchez nos niega continuamente, a pesar de estar a tan sólo 14 kilómetros del continente africano, mientras se lo concede al País Vasco”, ha criticado.
Para concluir, Loles López ha lamentado la “la hipocresía” del Gobierno de Sánchez, que “no está asumiendo sus competencias con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo”, ha remachado la consejera
Ratio en las CC.AA.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades, el último paso para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre las autonomías.
El decreto entrará en vigor este jueves y permitirá que eche a andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivarán a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunitat Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.