Si hace poco más de dos meses que la Junta de Andalucía denegaba los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica a las universidades de Granada y Jaén en pro de otorgarlos a centros privados, generando un gran revuelo en el ámbito educativo y provocando la indignación social, hoy la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha provocado un giro decisivo en esta crisis. El órgano estatal ha aprobado por unanimidad las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada (UGR) y la Universidad de Jaén (UJA) para verificar estas formaciones.
Se trata de una decisión calificada de “excepcional e inédita” por el propio Ministerio, que enmienda los informes desfavorables emitidos en dos ocasiones por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Junta. Según fuentes ministeriales, los argumentos académicos de UGR y UJA eran “sólidos” y debieron haberse aceptado desde el inicio.
La Junta reacciona y convoca al Consejo Andaluz de Universidades de manera urgente
La respuesta del equipo de Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido inmediata: el próximo jueves se celebrará una convocatoria de un Consejo Andaluz de Universidades extraordinario con el fin de darle luz verde a la implantación de ambos títulos En ambos centros. Así lo ha confirmado Ramón Herrera, secretario general de Universidades, quien ha señalado que la administración autonómica respetará la decisión final de las universidades sobre si implantarlos ya en el curso 2025/2026 o esperar, y recordó que el procedimiento administrativo en el Distrito Único Andaluz ya está preparado para incorporar las plazas en caso de que así se decida. A priori, todo apunta a que habrá que esperar al siguiente curso escolar para que arranquen estas formaciones.
Por otra parte, Herrera ha lamentado que el Ministerio no hubiera dado su visto bueno en junio, lo que “hubiera permitido trabajar con mayor margen de maniobra”, y ha defendido, ante las críticas recibidas por la decisión adoptada en julio, que la Junta “nunca ha interferido” en los procesos de verificación, llevados a cabo por comisiones técnicas independientes.
Las universidades celebran que el Ministerio corrija “una situación a todas luces injusta”
La Universidad de Granada ha celebrado la resolución y ha destacado el carácter “excepcional” de la misma como confirmación de la “solidez” de su propuesta. En un comunicado, anunció que implantará los títulos en el curso 2026/2027, al coincidir la aprobación con el inicio del actual año académico.
Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, fue más contundente al valorar la decisión como la corrección de “una situación a todas luces injusta”. Según Ruiz, los argumentos de ACCUA eran “claramente erróneos” y la unanimidad del Consejo de Universidades demuestra que “la razón se ha impuesto a cualquier otra consideración”.
Ambas instituciones han agradecido el apoyo social, político y académico recibido en sus respectivas provincias, donde la denegación previa de estos títulos había generado una fuerte movilización ciudadana.
Contexto de un conflicto más amplio
La decisión del Ministerio supone un varapalo para la Junta y refuerza la posición de las universidades públicas andaluzas, que se sienten discriminadas frente a las privadas en la distribución de títulos. La excepcionalidad de la resolución abre un debate sobre el papel de las agencias autonómicas de calidad y la necesidad de garantizar la igualdad de trato en el sistema universitario.
Fue a finales de junio cuando la ACCUA rechazó por segunda vez el grado en Ingeniería Biomédica, mientras autorizaba el mismo título para la Universidad Loyola, privada y con escaso recorrido en Ciencias de la Salud. El episodio desató duras críticas de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que acusó al Gobierno de Juanma Moreno de impulsar una “estrategia de privatización y mercantilización” de la educación superior.
El malestar se acrecentó cuando la Consejería anunció hasta 34 nuevos títulos para universidades privadas como UTAMED, CEU Fernando III o la propia Loyola, mientras bloqueaba propuestas de las públicas, como el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Córdoba.
Pero con esta decisión no termina la batalla por el futuro de la universidad en Andalucía. El descontento continúa en muchos puntos de la región, desde donde se critica la apuesta del Gobierno andaluz por privatizar la oferta educativa en detrimento de la pública, generando una oleada de malestar entre el sector. Mientras, las universidades públicas siguen reivindicando su papel como garantes de la excelencia académica y la igualdad de oportunidades.