Nueva tormenta para el Gobierno andaluz liderado por el popular Moreno Bonilla. En esta ocasión, la polémica se ha generado en el sector educativo tras conocerse que la Agencia Andalucía de Conocimiento (ACCUA), dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, ha negado a las universidades públicas de Granada (UGR) y Jaén (UJA) el Grado de Ingeniería Biomédica solicitado de manera conjunta, mientras que ha dado el visto bueno para que el título se imparta en la Loyola de Andalucía (con escaso recorrido en Ciencias de la Salud).
Esta decisión deja en situación de desamparo a 800 alumnos que ya estaban preinscritos en esta formación en el sistema público, generando una “situación anómala” y de “indefensión institucional”, según han apuntado los rectores de ambas universidades, Pedro Mercadero (UGR) y Nicolás Ruiz (UJA).
“La situación es paradigmática”, ha denunciado a través de un comunicado la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), que considera que el Gobierno está implementando en la comunidad “una estrategia de privatización y mercantilización” del derecho a la educación superior. Los hechos son “incontestables” y evidencian una política de “trato desigual” entre universidades públicas y privadas, critica.
La expansión de la privada con apoyo de fondos de inversión extranjeros
Recordemos que, en 2018, cuando Juanma Moreno se hizo con el poder, la comunidad contaba únicamente con una universidad privada, la Loyola, si bien desde entonces se han abierto o se planean abrir de manera inminente cuatro instituciones más. Por un lado, la controvertida Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera universidad on line privada, perteneciente al grupo Medac y que fue adquirido en 2020 por el fondo de inversión estadounidense KKK, cuestionado en el Parlamento de Andalucía por Adelante Andalucía en base a su posible relación con intereses financieros de origen sionista.
Las universidades privadas no son una amenaza para las públicas, sino una oferta complementaria”
Por otro lado, la CEU Fernando III y las malagueñas Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y Universidad Europea de Andalucía, para las que el ayuntamiento de la capital malacitana cedió 27.623 m² a la primera por un canon total de 120 millones de euros en 50 años, y terrenos similares a la UEA con canon de 67 millones de euros. Detrás de las dos últimas, hay otros fondos de inversión esperando generar casi 30 millones de euros en beneficios en poco más de un lustro desde el arranque de las clases.
“Si detrás de estas universidades hay fondos de inversión, lo que quieren es un rendimiento económico y cuanto más rápido mejor”, comportamiento “antinómico con la razón de ser de la universidad”, explicaba el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Paco Oliva.
Por tanto, se da una doble denuncia: por un lado, los fondos de inversión que sostienen el sistema, y la proliferación de privadas a las que, según denuncian los rectores, se les pone “una alfombra roja” para superar los criterios marcados por la ACCUA frente a la “excesiva rigidez” del proceso para las públicas, según denuncian en carta colectiva las diez universidades públicas andaluzas (AUPA).
Sin igualdad de condiciones
Según los datos publicados recientemente, la Junta prevé autorizar hasta 34 nuevos títulos para estas instituciones, frente a la paralización de propuestas públicas como el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Córdoba, denegado por “baja empleabilidad”, mientras el mismo título sí fue aprobado para la CEU Fernando III. El argumento oficial es que estas decisiones responden a demandas de empleabilidad y se fomenta la competencia, pero los rectores públicos denuncian que muchas de ellas carecen de justificación técnica y favorecen intereses mercantiles.
Frente a las críticas, el Gobierno andaluz insiste en que hay que diversificar la oferta. Moreno Bonilla, de hecho, señalaba que “ningún país occidental rechaza el modelo privado” y calificaba de “disparate” el discurso que enfrenta lo público y lo privado. Por su parte, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, subrayaba que “las universidades privadas no son una amenaza para las públicas, sino una oferta complementaria”, y ha recordado que todos los centros deben cumplir con los criterios de calidad establecidos por ACCUA.
Cada paso en la dirección actual nos aleja de un modelo de universidad como garante de igualdad de oportunidades y nos acerca a un sistema que perpetúa y acentúa las desigualdades sociales”
Sin embargo, la agencia evaluadora ya no cuenta con el respaldo del sector. La AUPA denuncia que ACCUA se encuentra “sin dirección”, de tener un “deficiente funcionamiento” que ha “llevado a situaciones administrativas injustificables” y de “falta de transparencia”. “Toda la sociedad ha podido conocer en tiempo récord los títulos públicos verificados favorablemente, pero desconocemos las cifras equivalentes para las universidades privadas”, advierten, en lo que consideran una “deliberada ocultación de información”.
AUPA cierra su comunicado con un mensaje claro: “Cada paso en la dirección actual nos aleja de un modelo de universidad como garante de igualdad de oportunidades y nos acerca a un sistema que perpetúa y acentúa las desigualdades sociales”. Por ello, hace un llamamiento a la Consejería a corregir el rumbo y trabajar “de la mano” de las universidades públicas para resolver los problemas estructurales que afectan a ACCUA y al Distrito Único Andaluz.
Mientras tanto, la transformación del mapa universitario andaluz pone a prueba el equilibrio entre lo público y lo privado en el sistema educativo y promete que el debate, las críticas y las movilizaciones se van a prolongar en el tiempo.
