No se ha cumplido todavía un año de la catástrofe de la gota fría de Valencia, que dejó muertos, ruinas y una honda sensación de fragilidad y desamparo que desmiente el optimismo que caracteriza a nuestros políticos –sobre todo cuando se trata de ellos mismos–, y el legado de aquella crisis humanitaria, en un país como España, que se considera civilizado y equiparable al resto de Europa, no es tanto solidario, que es lo que en justicia procedería, sino de orden político.
Nuestros gobernantes saben ya que de un día para otro, igual que ocurre en la vida real, todo el apoyo y el patrimonio social que hayan podido conseguir en unas elecciones puede diluirse de forma súbita y sin remedio, igual que una corriente de agua desaparece en un instante por el fregadero. Nadie quiere ser Manzón, probablemente, aunque el susodicho no haya dado muchas señales al respecto al no asumir su responsabilidad política y dimitir, ni Manzón mismo.
En Andalucía, donde muy rara vez llueve, la catástrofe (social) está focalizada esta semana en el ámbito sanitario, que es de todos los servicios públicos que gestionan las autonomías el más susceptible a un potencial viraje repentino de la opinión pública que arrase sin piedad cualquier hegemonía o previsible triunfo electoral.
Moreno Bonilla visita el consultorio médico de Piedras Redondas, (Almería)
Acaso por eso en el Palacio de San Telmo, y también en Génova, esta crisis de credibilidad causada por el descubrimiento de que los servicios sanitarios no informaron en tiempo y forma, y tampoco trataron con la diligencia debida, a una parte de las mujeres que se habían sometido a la prueba preventiva para detectar un posible cáncer de mama, causa no sólo inquietud, sin un visible pánico.
La versión oficial del Quirinale, que califica de “error” esta mala praxis médica, sobre cuyo aval político todavía existen importantes incógnitas que deben desvelarse –la Fiscalía estudiará las denuncias que se anuncian–, no ha logrado apaciguar los ánimos tanto de las pacientes directamente afectadas como del resto de los ciudadanos, muchos de ellos víctimas de las listas de espera y de los excesivos plazos para establecer un diagnóstico sobre sus enfermedades.
El deterioro sanitario en Andalucía no es algo nuevo –comenzó, de hecho, hace algo más de diez años con los gobiernos socialistas, cuando María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta, ocupó la consejería de Salud y, después en Hacienda, ordenó los primeros recortes sanitarios, y dista de ser coyuntural, pero el PP, que gobierna Andalucía hace seis años, no ha sido capaz de enderezarlo.
María del Rocío Hernández Soto, exconsejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía
San Telmo intenta combatir el contratiempo recordando las cifras globales de inversión en sanidad. Remedio estéril: el gasto sanitario por habitante en la gran autonomía del Sur –que asciende a 1.764 euros por persona en 2025– era tan bajo cuando el PP llegó a San Telmo que ya no podía tocar más fondo, de ahí que los recordatorios de Moreno Bonilla de que destina 15.247 millones de euros, un tercio del presupuesto disponible, a la sanidad sean bizantinas.
No es una cifra suficiente para las necesidades objetivas de una región de 8,7 millones de personas. La cuestión no es cuánto se gasta en sanidad. Es cómo se gasta. Y, sobre todo, quién, si la administración pública, las empresas y aseguradoras privadas o el influyente lobby médico, que hace días convocó una huelga con un seguimiento del 50% para exigir más dinero (la media de las retribuciones de los médicos oscila entre los 50.000 y los 98.000 euros anuales), inclina la balanza en una dirección o en la contraria.
Pagar más a los facultativos sin exigirles mayor productividad no va a desatascar las listas de espera. Que el Quirinale, al margen de pedir disculpas públicas, esté preocupado por el impacto de la crisis sanitaria en las inminentes elecciones regionales denota que la erosión en términos de imagen del presidente de la Junta ha dejado de ser una hipótesis imaginaria. Ahora es una amenaza concreta.
María Jesús Montero, el pasado sábado en Sevilla junto a José Luis Rodriguez Zapatero en Sevilla
Que hasta el momento la sanidad no haya sido motivo para eclipsar la baraka de Moreno Bonilla no significa que no pueda llevarse por delante su mayoría absoluta dentro de unos meses. Y esta hipótesis no se alimenta tanto de la explotación partidaria que está haciendo de este caso la oposición como de la sensación (creciente) de que la holgura parlamentaria con la que hasta el momento ha gobernado la derecha meridional puede haber llegado a su límite. Rien ne va plus.
Todavía es pronto para sacar conclusiones. Tampoco cabe establecer una equivalencia mecánica, al menos en términos electorales, sobre el entendido de que el deterioro de imagen provocado por el caso de los cribados vaya a traducirse en un beneficio (político) inmediato para los socialistas, que también tienen una responsabilidad (histórica) en el grave deterioro de la asistencia hospitalaria.
De lo que no cabe duda es de que arruina la estrategia electoral de partida de Moreno Bonilla, que confiaba todo su futuro político al discurso (interesado) de que gracias a la acción de sus gobiernos Andalucía había alcanzado ya un grado de prosperidad equiparable a Madrid o a Catalunya. Nunca ha sido así, por mucho que la propaganda institucional insista en reiterar este relato virtual.
Pero si antes, en determinados sectores sociales, pudiera haberse creído esta versión, siquiera como un mero desideratum, el affaire de los cribados desmonta el castillo de naipes de San Telmo. Moreno Bonilla lleva semanas anunciando rebajas fiscales boutique –para el gimnasio o los propietarios de mascotas, entre otros colectivos– e iba a presentar, a final de mes, un libro (Manual de convivencia) donde exalta su modelo político: la vía andaluza, una hipotética alternativa ante la polarización política que pretende atraer la atención sobre la figura (emergente) del presidente de la Junta.
Lee también
Esta hoja de ruta ha saltado por los aires al tiempo que los sondeos detectan un notable ascenso de Vox que, aunque en Andalucía puede ser de intensidad muy inferior al resto de España, dibuja el talón de Aquiles del Quirinale en su pie derecho.
Si a la diestra están los bárbaros –los ultramontanos de Vox, cuyo crecimiento puede destrozar el perfil centrista y liberal que se ha construido Moreno Bonilla de puertas hacia afuera– a su siniestra un posible bloque de izquierdas se ha encontrado con un argumento –nada teórico– para dotar por fin de credibilidad su teoría de que el deterioro de la sanidad en Andalucía es la consecuencia de una decisión política consciente del PP para conducirla al colapso.
Cartel de una concentración ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama
San Telmo sabe bien que no se enfrenta a una crisis pasajera o circunstancial, sino a una cuestión que va a tener recorrido y con una capacidad real de desgaste social. Reconducirla va a exigir inteligencia, probablemente destituciones –San Telmo ya ha dejado caer a la consejera de Salud– y un programa de control de daños. Porque los retrasos en la información de los diagnósticos de los cribados de cáncer de mama pueden ser –y de hecho son– la punta del iceberg.
Las listas de espera para diagnosticar a miles de pacientes en Andalucía, en todas las especialidades, son interminables. Quienes se encuentran en ellas no saben a ciencia cierta cuál es su dolencia, ni el riesgo y la gravedad exacta que supone, ni tampoco cuentan (todavía) con un tratamiento eficaz. Y buena parte de ellos va a acudir a las urnas dentro de unos cuantos meses. Su voto es secreto