Una semana después de que Sandra Peña, estudiante de 14 años del centro Irlandesas Loreto de Sevilla, se precipitara al vacío desde el balcón de su casa para acabar con el acoso escolar que estaba sufriendo por parte de tres compañeras desde hacía más de un año, la polémica sigue rodeando al equipo directivo del colegio concertado.
Este lunes, de hecho, las puertas se abrían de nuevo para acoger a los estudiantes, pero lo hacían con sus muros llenos de pintadas con mensajes que atacaban directamente a la dirección del Irlandesas después de darse a conocer que no activó el protocolo antibullying pese a que la madre de la víctima llegó a denunciar hasta en dos ocasiones el trato que estaba recibiendo su hija.
Las pintadas han provocado una profunda intranquilidad también en el resto de la comunidad escolar. Muchos padres, pese a sentirse apenados y consternados por el suicidio de Sandra, denuncian que estos mensajes complican la entrada y la salida de sus hijos en el colegio, así como otros han señalado que ya no sólo las críticas van dirigidas al equipo directivo, sino que en las redes sociales se señala a cualquiera que esté vinculado con el Irlandesas. De hecho, algunos de los alumnos han optado por asistir a clases sin el uniforme para no ser señalados.
El centro pide “el cese” de las pintadas y el fin del linchamiento
Por su parte, el colegio emitía un comunicado oficial este mismo lunes (evitando hacer referencia al bullying) pidiendo un cese a la escalada de tensión: “Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Sandra. El profesorado, sus compañeros y compañeras y toda nuestra comunidad educativa acompañamos a su familia en el dolor profundo por el que están atravesando”, toda vez que apelaba a la “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación. Nuestro colegio cuenta con 50 profesionales y 760 alumnos y alumnas... Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos”.
Por otra parte, el equipo pedía el “cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños y niñas, todos ellos menores de edad”.
Según han señalado fuentes del ayuntamiento hispalense, se va a proceder a limpiar estos mensajes de los muros del centro que, por otro lado, cuenta con presencia policial para evitar cualquier posible incidente, una acción ‘rutinaria’ en casos de esta naturaleza.
Pedimos el cese de cualquier situación violenta en las inmediaciones del colegio así como cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación”
Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando sobre el caso y será la que determine las responsabilidades penales mientras que, según confirmaba el Gobierno andaluz, la titularidad del centro deberá “depurar las responsabilidades de su personal” conforme a los requerimientos enviados por la Consejería. En caso de confirmarse negligencias graves, la Junta podrá retirar el concierto al colegio concertado.
La Junta advierte: el colegio podría perder el concierto educativo
Esta grave situación ocurre mientras pende sobre el centro la advertencia de la Junta de Andalucía. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha anunciado que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder el concierto educativo si el expediente abierto concluye que hubo un “incumplimiento muy grave”.
La Inspección Educativa constató que el centro no activó el protocolo antibullying a pesar de que la familia había presentado dos denuncias por escrito y un informe psicológico. En caso de confirmarse negligencias graves, la Junta podrá retirar el concierto al colegio.
El pasado 16 de octubre, la Inspección Educativa constató que el centro no activó ni el protocolo de acoso escolar ni el de conductas autolíticas, pese a que la familia había presentado dos denuncias por escrito y un informe psicológico alertando de que la menor sufría acoso por parte de tres compañeras. La única medida adoptada, a petición de la madre, fue separar a su hija de las agresoras en otra clase.
No se activó el protocolo antibullying ni el de conductas autolíticas
Tras salir del colegio el martes anterior, la menor regresó a su casa y se arrojó desde el balcón de su vivienda en la calle Rafael Laffón, en el barrio de Nervión. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación y analiza su teléfono móvil para determinar si también fue víctima de ciberacoso.
El caso ha generado una oleada de dolor, consternación e indignación en el vecindario. El pasado viernes, cientos de personas se concentraron frente a la vivienda familiar para rendir homenaje a la adolescente. Entre flores y velas, vecinos, amigos y compañeros reclamaron justicia y denunciaron la inacción del colegio. “No la escucharon, no la protegieron”, lamentaban entre lágrimas.
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El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, también ha abierto una investigación de oficio para esclarecer cómo se aplicó el protocolo y ha recordado que “los protocolos tienen que funcionar” ante cualquier sospecha de acoso.
Acoso escolar en Andalucía: un problema en aumento
La Fiscalía Superior de Andalucía registró en 2024 un total de 75 expedientes de reforma por acoso escolar, concentrándose la mayoría en Málaga (62), seguida de Cádiz (6), Jaén (4) y Huelva (3). No consta ningún caso judicializado en la provincia de Sevilla, aunque los expertos recuerdan que muchos episodios se resuelven de manera extrajudicial y no siempre llegan a la vía penal.
En el ámbito educativo, según datos de la Junta, cada año se activan más de un centenar de protocolos de acoso escolar en los centros andaluces. Sin embargo, asociaciones y orientadores advierten de que todavía existe una brecha entre la detección temprana y la aplicación efectiva de las medidas de protección.
El protocolo andaluz de acoso escolar establece que, ante cualquier sospecha o denuncia, el centro debe actuar de forma inmediata, proteger a la víctima, investigar los hechos, informar a las familias y ofrecer apoyo psicológico, tanto al alumnado afectado como a su entorno.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, el caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los centros concertados y la eficacia de los protocolos educativos frente al acoso. En palabras de un vecino durante la concentración: “A esta niña no la fallaron sus compañeros, la falló el sistema”.
