La asociación Amama, la entidad que denunció en primera instancia los fallos en el cribado de cáncer de mama de Andalucía, ha presentado ya 25 reclamaciones patrimoniales contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según ha explicado este martes su presidenta, Ángela Claverol, se trata de 15 mujeres de Sevilla y diez de Jaén que desarrollaron la enfermedad tras no ser informadas de que sus mamografías presentaban resultados no concluyentes que requerían nuevas pruebas.
Esta crisis sanitaria, que destapó graves fallos de comunicación en el programa de detección precoz, ha tenido repercusión política y sanitaria desde que se conocieron los primeros casos. (Si se desea incluir las dimisiones, añadir aquí: “En las semanas posteriores, se produjeron varias dimisiones en la dirección del Hospital Virgen del Rocío (centro que concentra la mayoría de los fallos detectados) y en la Delegación de Salud en Sevilla, además del relevo de la consejera del área, Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz.
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La Junta de Andalucía, que reconoció el error como “administrativo”, puso en marcha un plan urgente para revisar los casos y realizar las pruebas pertinentes a las mujeres afectadas, cifradas en 2.317 según los datos oficiales. Pero son cifras que, según Amama, no cuadran, ni por número ni por distribución provincial.
200 pacientes enfermas
Claverol señaló que la asociación tiene más de 200 casos documentados de pacientes que ya padecen cáncer de mama y que reclamarán al SAS. Los casos, según sus datos, se reparten entre Almería (6), Córdoba (16), Granada (11), Cádiz (14), Málaga (22), Jaén (13), Huelva (14) y Sevilla (189). “Siguen llegando casos todos los días y ya tenemos más de 4.000”, advirtió la presidenta, que cuestionó las cifras oficiales: “No cuadran ni por cantidades ni por provincias”.
Amama denuncia el “veto” en el Parlamento andaluz
Durante su comparecencia, Claverol se mostró muy crítica con la Junta de Andalucía, a la que acusó de querer “callar” a la asociación. “Nos quieren calladitas y sumisas, y Amama no se va a callar”, afirmó, tras denunciar que fue la única representante en la comisión de seguimiento del cribado obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad. “¿A mí sola por qué? El que algo debe, algo teme”, lamentó.
La presidenta también reprochó el “veto” a Amama en el Parlamento andaluz, donde no se permitió su comparecencia durante el debate de los Presupuestos autonómicos. “No voy a hacerme una foto. La carga de la Junta contra nosotras está siendo bestial”, añadió.
No voy a polemizar con Amama. Trabajo para sumar”
Desde el Gobierno andaluz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, reiteró su “mano tendida” a Amama, aunque expresó su “preocupación extrema” porque “tres semanas después seguimos sin tener los datos” que la asociación asegura haber recopilado. “Quiero saber por qué no nos los pasan. ¿Hay algo que ocultar?”, se preguntó.
Sanz se comprometió a responder en 24 horas a cada caso si la asociación remite la información, y aclaró que el acuerdo firmado por Claverol solo afecta a planes de trabajo en fase de borrador, no a la comisión de seguimiento. “No voy a polemizar con Amama. Trabajo para sumar”, subrayó.
El PSOE denuncia que el PP está llevando a cabo una “estrategia para amordazar” a Amama
El conflicto ha adquirido además un tono político. El PSOE andaluz acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de impulsar una “estrategia para amordazar a Amama” y evitar que la asociación pueda “expresarse con libertad”.
El portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, denunció que el PP-A utilizó su mayoría absoluta para vetar la comparecencia de Amama en el Parlamento y calificó de “negligencia criminal” la gestión del programa de detección precoz. “Moreno Bonilla quiere amordazar a Amama porque saben lo que de verdad está ocurriendo con el cribado”, sentenció.
La Junta se comprometió a repetir las pruebas pendientes antes del 30 de noviembre, pero las asociaciones de pacientes sostienen que el daño ya está hecho y que muchas mujeres llegaron tarde al diagnóstico por errores que consideran “inadmisibles” en un sistema público que “debería salvar vidas, no ponerlas en riesgo”.
