El PP-A ha rechazado, gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, la creación de una comisión de investigación sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama, que según datos oficiales han afectado a 2.317 mujeres. La iniciativa, presentada por PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía y apoyada por Vox, fue descartada en la tarde del jueves porque, según defendió el grupo popular, convertiría la Cámara “en un circo”.
La diputada del PP-A Beatriz Jurado argumentó que su partido se niega a participar en una estrategia en la que, a su juicio, la oposición busca “rentabilidad electoral”, pese a que el Gobierno andaluz reconoce que existió “un fallo gravísimo que no puede volver a pasar”. La decisión ha reavivado las críticas de los grupos parlamentarios en un contexto de creciente tensión política.
A ello se suma la polémica por un vídeo del presidente andaluz, Juanma Moreno, en el que aborda esta cuestión y que la ministra de Sanidad, Mónica García, considera que contiene “chistes y chascarrillos”. La ministra reprochó a Moreno mostrarse “muy graciosito” pese a tratarse, según dijo, de “una negligencia con la salud y el cáncer de las mujeres”.
La oposición denuncia “opacidad”
Durante el debate, la portavoz socialista Ángeles Férriz criticó que “mes y medio después seguimos sin saber qué ha pasado, cuál es la dimensión del problema, cuántas mujeres están afectadas y dónde”. Acusó además al Ejecutivo andaluz de actuar con “inhumanidad” y advirtió de que la crisis “no se va a cerrar” hasta que las afectadas conozcan toda la información.
La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, denunció la “opacidad” de la Junta y recordó que algunas mujeres no fueron avisadas pese a que sus mamografías indicaban sospechas. Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lanzó varias preguntas al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, sobre cuándo se detectó el error y por qué no se informó a las pacientes.
Incluso Vox, habitualmente alineado con el PP, reprochó la falta de explicaciones y defendió su propia propuesta de comisión de investigación “para conocer lo ocurrido a lo largo de toda la historia del programa”.
La guerra con Amama sigue abierta
Mientras tanto, el conflicto con la Asociación Amama continúa escalando. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha remitido a la entidad un requerimiento formal para que, en un plazo de diez días hábiles, entregue “toda la información, documentación o testimonios” que posea sobre mujeres afectadas por fallos en la comunicación de los resultados del cribado.
En el escrito, la directora gerente del SAS, Valle García, sostiene que las cifras difundidas por Amama “no se corresponden” con los datos oficiales y que la discrepancia “exige una aclaración inmediata y documentada”. Garantiza además que la información se tratará “con absoluta confidencialidad”.
La ministra Mónica García criticó duramente este requerimiento y acusó al Gobierno andaluz de “atacar a las víctimas” por exigir estos datos a una asociación que, según dijo, ha destapado un problema que generó “desconfianza en el sistema sanitario”.
Más de 220 casos estudiados y 25 denuncias presentadas
Amama ha estudiado más de 220 casos de mujeres afectadas por retrasos en el cribado y ha presentado 25 reclamaciones patrimoniales (15 en Sevilla y 10 en Jaén) de pacientes que desarrollaron la enfermedad tras no ser informadas de que sus mamografías requerían nuevas pruebas.
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La Junta sostiene que el número real de afectadas es de 2.317, mientras que la asociación asegura que los casos que recibe “siguen llegando cada día”.
En este contexto, la crisis del cribado continúa abierta y mantiene al Gobierno andaluz bajo presión política en un año especialmente sensible para Moreno, que se enfrenta a unas elecciones autonómicas el próximo verano.