El abuelo materno de Lucas, el niño de cuatro años asesinado en la localidad almeriense de Garrucha la pasada semana, ha dado un paso al frente para exigir justicia por su nieto en un caso que, según la acusación particular, destapa un “fracaso absoluto” de las instituciones encargadas de proteger a la infancia.
Martín, que dio sus apellidos al menor y lo consideraba “como un hijo”, se ha personado ya en la causa como acusación particular y reclama que se investigue “a fondo” la muerte del pequeño, víctima de un maltrato que, según sostiene la familia, fue reiterado y visible. “Si mi hija ha tenido participación y es culpable, que lo pague igual que cualquier otro. El abuelo quiere justicia por encima de todo”, ha expresado su abogado José Luis Martínez.
Ser obviaron los signos de maltrato
El abogado representante del abuelo materno de la víctima ha denunciado que ni el centro escolar ni los cuerpos de seguridad actuaron a pesar de los indicios reiterados de malos tratos.
Según la acusación, Lucas acudía al colegio con hematomas visibles y llegó a hacerlo con un brazo fracturado o “encabestrado”, sin que se activaran los protocolos de maltrato infantil o absentismo.
La tía abuela materna intentó también alertar a la Guardia Civil mostrando una fotografía de lesiones en la sien del menor, pero, según relata la familia, los agentes explicaron que no podían intervenir sin una denuncia de la madre o sin un parte de lesiones. Un escenario inviable, apunta el abogado, porque la madre y su pareja evitaban llevar al niño al médico para impedir que se documentaran las agresiones.
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“Aquí han fallado las instituciones públicas”, ha sentenciado el letrado, que sostiene que los signos de alarma fueron pasados por alto por el entorno educativo y social del niño.
Martínez ha señalado que existen vídeos grabados por la propia madre en los que se aprecia el maltrato al que era sometido el pequeño, una evidencia que está siendo analizada en el marco de la instrucción. El subdelegado del Gobierno ha pedido prudencia ante la difusión de imágenes del menor en redes sociales y ha recordado que su divulgación puede conllevar responsabilidades legales.
La investigación, bajo secreto de sumario, apunta a que la víctima habría podido ser agredido sexualmente
Por otro lado, las diligencias policiales, aún bajo secreto de sumario, apuntan a un extremo especialmente grave: el cuerpo del menor presenta signos compatibles con una posible agresión sexual, según fuentes próximas a la investigación. Este punto deberá ser confirmado por la autopsia que se está ultimando.
Los agentes trabajan ahora en determinar la autoría material de los hechos y el grado de participación de cada uno de los investigados, ya sea por acción directa o por omisión de su deber de cuidado.
La madre de Lucas y su pareja actual, en prisión sin fianza
El Tribunal de Instancia número 4 de Vera acordó el pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la madre del niño y de su pareja sentimental, investigados por asesinato y maltrato habitual.
Durante su comparecencia judicial, la madre se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el hombre sí prestó declaración ante el juez. Ambos residían en Vera, aunque mantenían vínculos con Garrucha, y sobre el detenido pesaba una orden de alejamiento previa respecto a la mujer y al propio menor.
Mientras se esclarecen los hechos, la familia materna afronta además un obstáculo añadido: la incineración del cuerpo del niño está bloqueada porque la madre, aún con la patria potestad intacta, debe autorizarla. El abuelo ha solicitado al juzgado que supla esta firma mediante un expediente de jurisdicción voluntaria para evitar que el cuerpo permanezca indefinidamente en el Instituto de Medicina Legal.
La familia también prepara una solicitud formal de custodia del bebé que espera la madre, embarazada de cinco meses, para evitar que quede bajo su tutela o pase al sistema de protección.
