La madre de Lucas niega su implicación en la muerte del niño mientras se revisan posibles fallos de protección

La investigación por la muerte de Lucas, el niño de cuatro años hallado sin vida en un búnker de la costa de Garrucha, Almería, avanza entre nuevas declaraciones y un creciente escrutinio institucional. Este jueves, la abogada de la madre del menor ha asegurado que su clienta “niega haber sido partícipe” de la agresión física y sexual que costó la vida al pequeño y que se acogió a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante la autoridad judicial.

La letrada, María del Mar Viñero, ha explicado que Bárbara permanece en prisión provisional sin fianza y que, al no haber prestado declaración formal, no puede desvelar el contenido de las conversaciones mantenidas con ella en dependencias policiales ni durante su comparecencia ante el juez. Según ha señalado, la joven se encontraba “completamente en shock” en los días posteriores a los hechos, lo que dificultó cualquier intento de conversación fluida. La defensa tampoco tiene conocimiento de que su representada padezca alguna patología mental diagnosticada.

Preguntada por los audios atribuidos a la madre y difundidos de forma extraoficial, la abogada indicaba que el atestado entregado al juzgado no incorpora todavía esos mensajes, por lo que la defensa no puede valorar su autenticidad. Ha añadido que Bárbara “tiene una explicación” sobre su envío, que trasladará cuando sea llamada a declarar. De momento, la joven ni ha admitido ni ha desmentido la autoría de esos mensajes.

Sí figura en el auto de prisión provisional la reconstrucción de las horas previas a la muerte de Lucas. Según el juzgado, el investigado, la pareja sentimental de la madre, habría agredido sexualmente y golpeado al menor el 3 de diciembre mientras se encontraba solo con él, causándole lesiones mortales, entre ellas un desgarro hepático y un derrame intestinal. La muerte se estima en torno a las 15:30 horas. El documento recoge además que el hombre habría ejercido un maltrato habitual sobre el niño, “con conocimiento” de la madre, pese a existir una orden de alejamiento en vigor.

Tras el fallecimiento, ambos investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker de la playa donde fue hallado posteriormente por la Guardia Civil. La madre permanece en prisión comunicada y sin fianza “ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados”.

La abogada ha reiterado que la madre no ha reconocido participación alguna en los hechos y que el atestado no refleja confesión ni admisión de responsabilidad. Sobre el momento en el que el auto judicial sitúa a la mujer regresando al domicilio mientras la agresión continuaba, Viñero ha insistido en que no puede desvelar conversaciones mantenidas con su clienta. Tampoco consta en el atestado que Bárbara efectuara llamadas de emergencia durante el intervalo en el que el niño habría sufrido las lesiones fatales, aunque la letrada recuerda que aún faltan documentos por incorporarse a la causa.

La magnitud del caso ha abierto también un frente institucional. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado que se revisarán todas las denuncias y actuaciones previas relacionadas con Lucas para determinar si existió alguna “laguna” que fallara su protección.

Fernández recordaba que la situación intrafamiliar del menor ya estaba bajo supervisión judicial desde octubre, cuando la madre presentó una denuncia que derivó en un juicio rápido, una condena por violencia de género contra el supuesto agresor y una orden de alejamiento. Subrayó que ese “paraguas judicial” debía haber garantizado la seguridad del niño.

“Si se detecta que algo falló, se tomarán las medidas necesarias”, ha afirmado el delegado, quien señalaba que corresponde a la autoridad judicial determinar si alguna administración debe mejorar su actuación o si llegó a producirse una situación de “desamparo” del menor. La causa continúa instruyéndose en el Juzgado de Vera con los atestados completos de la Guardia Civil.