La Audiencia de Barcelona ha confirmado la condena a siete exdirigentes del PDeCAT de Esplugues de Llobregat de 2016 a tres meses de cárcel y casi 900 euros de multa por los delitos de proposición a la malversación e intento de coacciones.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso el ACN, los hechos se remontan a febrero de 2017. Miembros de la ejecutiva local del PDeCAT se reunieron con un concejal de la formación y le exigieron que transfiriera a la formación parte de la asignación que recibía el grupo municipal. La presión, según la sentencia, se hizo pese a saber que las dotaciones otorgadas por el Ayuntamiento a los grupos municipales (en ese momento 650 euros por grupo y 380 euros por cada miembro cada mes) no podían destinarse a financiar el partido.
El concejal no accedió a la petición y acudió a los juzgados
La sentencia también considera probado que los condenados, “con conocimiento claro de la normativa contraria a sus pretensiones”, solicitaron al concejal Albert C.N., líder del grupo municipal de su mismo partido en 2015, tener acceso a parte del dinero proveniente de las arcas públicas municipales “para sufragar las necesidades particulares o privadas del partido político PDeCAT”.
En la reunión también estaba el asesor del grupo municipal y la madre de éste, que no intervinieron. El concejal no accedió a la petición y puso los hechos en conocimiento de los órganos del partido pocos días después de la reunión y de los juzgados de Esplugues en julio de 2017.
Reunión grabada
El relato de hechos probados recoge la grabación de la conversación que se produjo en esa reunión, algunas de las cuales aludían a la manera “cómo se financiaba este partido en otras épocas”, así como a que se habían tenido que cambiar “una serie de cosas por la ley de transparencia”. La reunión tenía como dos de los cinco puntos del orden del día la financiación del partido a nivel local y la financiación de los asesores del grupo municipal. En el encuentro los miembros de la ejecutiva local dejaron claro al concejal que el partido necesitaba financiación para afrontar, entre otros, la campaña electoral local del 2019, y afirmaron que, a raíz de la ley de transparencia, todas las formaciones están buscando la forma de conseguir que las asignaciones de los grupos municipales lleguen a las formaciones.
Josep B.C. le dijo: “Tú no has visto a mi lado que haya funcionado nunca así; queremos volver a la época antigua y esperamos contar con vosotros, así de claro, por eso estamos aquí”. “Tú sabes que el dinero que recibía el grupo municipal en función de los gastos iba parte al partido, y lo manejaba el partido, eso es lo que queremos volver a hacer”, explicitó.
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Otro dirigente, Pedro R.S., dijo que en las elecciones municipales del 2015 el partido se había gastado más de 11.000 euros en Esplugues. En 2017 sólo tenían 1.000 euros. “Cuando llegue la campaña no habrá ni para pipas”, le dijo.
El presidente del partido a nivel local, Pere C.Q., relató: “Todo esto es la legalidad y hacemos lo que hace todo el mundo; al igual que hemos comentado con equipos locales de nuestro entorno, como se lo hacen, y al final el dinero acaba llegando al partido. Cada uno se lo hace como cree que se debe hacer, hablando con los interventores, con los secretarios, al final.
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Una de las fórmulas que se proponían es que el grupo municipal tuviera un asesor “a sueldo del Ayuntamiento” para, después, “sacarle todo el rendimiento” tanto para el mismo grupo como para el partido, “porque esto es lo que ocurre de manera habitual en todas partes con el tema de asesores”. “Como todo, los reglamentos existen, todos sabemos que las leyes las tenemos que cumplir al 100%, debemos ser puristas, y conocer el riesgo de que corremos cuando no la cumplimos”, dijo, pero a continuación añadió: “No veo gente que vaya a la cárcel porque el dinero del grupo municipal vayan no sé dónde, si van a las cárceles será por otras cosas; y debemos hacerlo”.
La sentencia también recoge que uno de los acusados amenazó al concejal, ante el silencio del resto de condenados, con la expulsión del partido si no accedía a la petición. Le dio tres opciones: salir del partido si no estaba de acuerdo, que la ejecutiva local del partido controlara directamente la asignación del Ayuntamiento al grupo municipal como se había hecho anteriormente o: “Te dejamos fuera del partido directamente”. Además, también le exigieron que el gobierno municipal contratara a un asesor que en realidad también trabajaría para el grupo municipal y el partido.
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El concejal no cedió a la amenaza de la ejecutiva y fue expulsado del partido el 26 de octubre de 2017, el día antes de la DUI en el Parlament de Catalunya. El 22 de enero de 2018, fue expulsado del grupo municipal y pasó a ser concejal no adscrito. La ejecutiva local del partido cesó en octubre del 2020 y muchos de sus dirigentes se dieron de baja de la formación.
Por todo ello, el juzgado de lo penal número 8 de Barcelona les ha condenado a tres meses de prisión y de inhabilitación para cargo público local por un delito de proposición a la malversación de fondos públicos, con el atenuante de dilaciones indebidas, además de una multa de 176 euros. También les condena a 720 euros de multa por un delito menos grave de intento de coacciones, ya pagar conjuntamente 4.000 euros de indemnización al concejal represaliado por daños morales. La fiscalía y la acusación particular pedían inicialmente dos años de cárcel, pero al término del juicio rebajaron su petición a la mitad.