Como si fuese un oxímoron financiero. Mientras más familias que nunca pagarán el tributo metropolitano, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perderá 39,9 millones de euros en una de sus principales fórmulas para costear sus diferentes competencias de transporte público o gestión de parques y playas, entre otras. Este es el resultado de un vía crucis judicial que ha enfrentado durante años sobre todo a algunas compañías energéticas con el ente metropolitano y también de la imposibilidad de cambiar la Ley de Haciendas Locales.
Varias sentencias judiciales dictan la imposibilidad de establecer excepciones o bonificaciones en la gestión del tributo metropolitano, que se paga como un recargo del IBI. Antes no era así y eso supone que un total 242.000 hogares con un inmueble inferior a 49.200 euros de valor catastral están sujetos a abonar el tributo a partir del año 2026.
Se ha buscado la resolución “menos dolorosa”, señala el AMB
No obstante, según ha podido saber La Vanguardia, desde el AMB se espera no cobrar los importes menores a cinco euros, con lo que finalmente unos 200.000 bienes inmuebles, principalmente pero no solo viviendas, que antes no lo hacían se verán obligados a pagar tributo metropolitano.
Fuentes del AMB explican a este diario que se ha buscado acatar las sentencias “de la manera menos dolorosa” para las personas con menos recursos económicos y para la propia administración pública. Es por eso que se ha rebajado el tipo impositivo que se aplica a la base imponible del IBI, pasando a ser del 0,045% cuando antes era del 0,2%. Eso sí, sin bonificaciones por orden judicial. Según estas mismas fuentes, los que ya aportaban el tributo metropolitano ahora verán “como se incrementa o se disminuye su pago en un máximo de un 5%”.
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Con todo, unos 200.000 hogares de diferentes municipios del área metropolitana de Barcelona que antes no lo hacían pagarán 17 euros de media, mientras que las grandes superficies e infraestructuras pagarán menos a partir del año que viene.
Tras este proceso, el AMB verá mermada su recaudación en 39,9 millones de euros. Aunque se están buscando fórmulas para mitigar el impacto de este revés judicial, los recortes en sus diferentes áreas son previsibles. Concretamente, el ente metropolitano espera recaudar el año que viene 93,78 millones de euros gracias a dicho tributo.
Antes se buscó modificar la Ley de Haciendas Locales para evitar este desaguisado, pero la situación política en Madrid lo hizo imposible. Finalmente, el PSC se quedó solo en la votación de las nuevas ordenanzas fiscales del AMB y fue el único partido que votó a favor pese a compartir gobierno con los comunes, ERC y Junts.
