Los Comuns denuncian la prohibición de llenar garrafas de las fuentes públicas de Martorell
Baix Llobregat
La formación política eleva la queja por la ordenanza municipal a la Sindicatura de Greuges
David Cid y Laura Ruiz ante la Sindicatura de Greuges
Los Comuns han presentado hoy tres escritos simultáneos ante la Síndica de Greuges, la Agència Catalana del Agua (ACA) y la Delegación del Gobierno del Estado para frenar la modificación de la ordenanza de convivencia de Martorell que prevé multas de hasta 750 euros a quién llene garrafas o recipientes en fuentes públicas. Denuncian que la propuesta avalada por Junts y PSC es “clasista, arbitraria y contraria al derecho humano al agua” y por ello activan todas las vías institucionales para frenarla.
La portavoz de Movem Martorell, Laura Ruiz, ha denunciado que “multar familias que necesitan las fuentes públicas para cocinar, lavarse o llenar una garrafa es profundamente injusto e inhumano. La pobreza no se puede sancionar”.
Ruiz remarca que esta actuación de su partido busca “defender derechos básicos”, y advierte que la ordenanza “no solo es injusta, es ilegal en términos de competencias y contraria a los estándares mínimos de convivencia”.
Según los Comuns, la medida vulnera el derecho humano al agua, criminaliza familias vulnerables, no tiene fundamento técnico ni sanitario e invade competencias reservadas a la Generalitat y a la ACA.
La actuación de hoy da continuidad a la iniciativa que los Comuns impulsaron la semana pasada en el Parlament. Esta formación registró una propuesta de resolución para garantizar que el acceso al agua en fuentes públicas quede protegido, que se pueda frenar la aplicación de medidas arbitrarias contra familias vulnerables, y que el Govern de la Generalitat emita recomendaciones claras para que ningún municipio impulse ordenanzas discriminatorias o estigmatizadoras.
“Un error político y jurídico”
El portavoz parlamentario, David Cid, ha denunciado que “el Ayuntamiento de Martorell está vulnerando el derecho humano al agua y estigmatizando personas en situación de vulnerabilidad. La Generalitat no puede mirar para otro lado”.
Según Cid, “convertir el uso de las fuentes en infracción sancionable es un error político y jurídico. No tenemos garantizado el acceso a la vivienda y ahora Junts quiere prohibir el derecho al agua”.
Los Comuns alertan de que, si la reforma prospera, puede crear un precedente peligroso para otros municipios y comportar una regresión en términos de derechos sociales y de convivencia. Por eso, la formación ha activado una estrategia coordinada para garantizar que ninguna institución avala una medida clasista y desproporcionada.