“Se prohíbe utilizar fuentes públicas para acumular agua utilizando garrafas, botellas o artilugios de cualquier tipo que permitan su almacenaje”, reza en la nueva ordenanza de convivencia de Martorell, aprobada este lunes por el Ayuntamiento. Fuentes municipales explicaron a este diario que será infracción leve, con multas de 100 a 750 euros.
¿Por qué? “Últimamente nos hemos encontrado que hay fuentes en el municipio donde hay ocupas que, con carros, llenan garrafas de agua. Y en Martorell no queremos ocupas”, explicó el alcalde, Xavier Fonollosa, en declaraciones a Rac1. Se les quiere entorpecer el acceso al agua.
La nueva ordenanza genera un tenso debate en el pleno municipal
Matizó el alcalde que las personas que llenen cantimploras, como por ejemplo para hacer deporte, no serán sancionadas. Insistió en que la medida está pensada únicamente para los ocupas. “Cuando son familias vulnerables de verdad, las administraciones públicas actuamos”, agregó. Preguntado por la cuestión, aseguró que en Martorell “no tienen ningún problema con la inmigración” y que hay “buena convivencia”.
Pero pese a que Fonollosa, de Junts y que gobierna con el PSC, defendió que en su ciudad “no se le corta el agua a nadie por motivos socioeconómicos”, los partidos de la oposición, Movem Martorell y ERC, lamentaron que la medida acabe perjudicando a los más vulnerables.
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“Es falso que no se corte el agua a personas con expediente en servicios sociales”, replicó Laura Ruiz, concejal de Movem Martorell, durante el pleno municipal, frase que la concejal de Serveis Socials del gobierno municipal matizó. “Será un juzgado quien pare esta ordenanza, haremos todo lo posible. Vulnera los derechos humanos. El agua es un derecho fundamental”, continuó la portavoz de los comunes. El pleno, con presencia de activistas a favor del derecho a la vivienda, se paró durante 15 minutos para calmar los ánimos.
El concejal de ERC, Soulimane Messaoudi denunció “serios problemas de proporcionalidad y posible discriminación y vulneración de derechos básicos”. Messaoudi abogó por “garantizar el agua a cualquier colectivo”, cuestionando qué van a hacer las personas sin hogar o a las que viven en barracas. Apeló al alcalde a retirar el artículo de la ordenanza y al PSC votar en contra. Los socialistas, por su parte, votaron con sus socios de Junts. “Lo que tenemos que tener son servicios garantistas para luchar contra la vulnerabilidad. Esto es una ordenanza”, aseguró Javier González, portavoz del PSC. La ordenanza es mucho más amplia, el tema del agua es uno de sus puntos. El texto se aprobó con 17 votos a favor y tres en contra.
Entidades también critican la medida
Entidades como el Institut Metròpoli y Ecas (Entitats Catalanes d'Acció Social) también criticaron la medida en declaraciones a la cadena Ser. “Criminaliza una necesidad básica de personas vulnerables y atenta contra los principios básicos de la democracia”, dijo Kautar Loukaini, miembro de la junta directiva de Ecas. “No hay ninguna relación entre llenar garrafas de agua y ocupar pisos”, agregó. En su opinión, la medida crea una narrativa que “genera miedo, refuerza estereotipos y desvía la atención de los problemas reales”.
Según el director del área de derechos sociales i políticas públicas del Institut Metròpoli, Albert Sales, la falta de especificación en la redacción de la ordenanza “deja un espacio deliberado de arbitrariedad para poner el foco en los colectivos que el Ayuntamiento considere”. Para Sales, se debería analizar qué impacto tienen las ocupaciones en Martorell pero, según él, “es evidente que el mensaje es que todo se vale para afrontarlas”.
