El pleno del Ayuntamiento de Barcelona acordó este viernes por una extensa mayoría que la capital catalana “lidere y se comprometa a llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar la ampliación del aeropuerto de El Prat”, una actuación que debe acometer Aena y todavía no decidida, que el empresariado reclama para asegurar la competividad, pero que genera desde hace años una fuerte controversia, principalmente por la afectación que podrían tener áreas naturales próximas, concretamente a la Ricarda.
El PSC –en el gobierno municipal–, Junts –principal grupo de la oposición– y Vox votaron a favor de una proposición presentada por el PP para que las instalaciones aeroportuarias se amplíen. Las cuatro formaciones suman 27 concejales de los 41 del Consistorio. BComú y ERC se opusieron. El resultado de la votación escenificó el alejamiento en este asunto de las posiciones de los socialistas y de los otros dos partidos de la izquierda.
La proposición defiende también que el Consistorio barcelonés “apoye la implementación de la opción técnica más adecuada y viable con el objetivo de incrementar la capacidad operativa del aeropuerto y a asegurar su papel como hub internacional e intercontinental para potenciar y dinamizar la actividad económica generando ocupación, atracción de talento e inversión”.
El Consejo Asesor de Infraestructuras, que preside Santi Vila, dará a conocer en breve su informe sobre la ampliación del aeropuerto
Asimismo se insta a Collboni a “poner en conocimiento de los grupos municipales del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, el informe encargado por el alcalde al Consejo Asesor de Infraestructuras sobre la viabilidad de la ampliación”. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, dijo que este documento se presentará en breve, primero en el pleno de este órgano, que preside el ex conseller de Territori, Santi Vila.
La iniciativa del PP salió adelante a puertas de que la Generalitat presente su propuesta de solución para que el aeropuerto pueda crecer. Este paso es imprescindible para desbloquear la actual situación, ya que el Gobierno central, responsable de la infraestructura, quiere contar con el apoyo del Ejecutivo catalán, ya que el proyecto tiene importantes implicaciones económicas y medioambientales.
La ampliación del aeropuerto es, subrayó el presidente del grupo popular, Daniel Sirera, es “una cuestión capital para el futuro de Barcelona” y “no un capricho”, sino algo necesario para “ser competitivos, atraer inversiones y generar empleo”. Y detalló que la operación tendría un impacto de 12.000 millones de euros en el PIB catalán y supondría 83.000 nuevos puestos de trabajo directos y 360.000 indirectos.
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En la misma línea, Bonet señaló que el aeropuerto juega un “rol fundamental para que Barcelona sea un referente global en crecimiento, ciencia o investigación”, pero recordó que la solución que se adopte debe hacer compatibles el incremento de la capacidad operativa con el respeto medioambiental. También defendió la edil socialista que la red de aeropuertos El Prat-Girona-Reus “sea más eficaz” con mejores conexiones ferroviarias.
Junts apoyó el texto del PP. “Nos gusta su proposición”, reconoció su concejal Damià Calvet. Este grupo, no obstante, trató, sin éxito, que incluyera una referencia a la promoción de un cambio en la gobernanza, en manos de Aena –empresa en la que el Estado tiene el 51% del capital– para que también puedan participar la Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y de El Prat.
Todo apunta a que el alcalde Collboni continuará apostando por la geometría variable. Lo que pasa es que visto lo visto en este pleno unos y otros, tanto los que se mueven a su derecha como los que lo hacen a su izquierda, le van a poner al alcalde los acuerdos muy caros. Los de Junts están resueltos a que cada concesión que hagan al gobierno municipal determine también la acción del Ayuntamiento.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el pleno del Ayuntamiento de este viernes
Y los comunes quieren proteger su legado, apenas muestran interés en entenderse con los socialistas, de repente se sienten muy cómodos siendo el azote del ejecutivo. Si bien Collboni pudo encontrar un punto de entendimiento con Junts en relación a la ampliación del aeropuerto, luego se llevó una retahíla de ataques realmente dolorosos por parte de BComú en materia de vivienda.
Comunes y republicanos expresaron con rotundidad su rechazo a la ampliación del aeropuerto. “Más vuelos intercontinentales es el chocolate del loro, lo que se quiere realmente es incrementar el turismo”, censuró el concejal Guille López, de BComú, quien también recordó que ocho de cada diez turistas llegan a la ciudad en avión. La operación supondría 20 millones de viajeros más al año, añadió López, y preguntó: “¿Es eso lo que necesita Barcelona?”.
“Decimos no a la destrucción de la Ricarda, no al modelo centralizado de Aena y no a su negocio inmobiliario”, dijo Jordi Coronas (ERC), en referencia al proyecto de ciudad aeroportuaria. Aún así, defendió que El Prat reciba la inversión de 1.700 millones de euros que en su día anunció el gestor aeroportuario, pero, aclaró, debe servir para construir la terminal satélite y las conexiones ferroviarias, también con Girona y Reus, y no para alargar la tercera pista.
Las políticas de vivienda abren un gran brecha entre Collboni y los comunes
Sin embargo, los ataques más virulentos tuvieron lugar después, cuando los problemas de acceso a la vivienda tomaron el protagonismo, cuando Janet Sanz, la presidenta de los comunes, presentó una proposición a fin de que el Ayuntamiento redoble su lucha contra la especulación inmobiliaria, una propuesta que entre otras cuestiones contempla reforzar la medida del 30%, la obligatoriedad de dedicar a vivienda asequible este porcentaje de cada nueva promoción.
Los comunes únicamente encontraron el apoyo de los republicanos. Junts, PP y Vox votaron en contra argumentando que las propuestas de BComú son en verdad un ataque a la propiedad privada. Y los socialistas se abstuvieron. Así, la iniciativa de BComú quedó anulada. La teniente de alcalde Bonet repuso que los comunes parece que olvidaron que estuvieron al frente del Ayuntamiento durante ocho años, que si hubieran aceptado las modificaciones propuestas habrían votado que sí, que los alquileres temporales no se pueden prohibir tal cual...
Sanz acusó entonces a los socialistas de complicidad con los especuladores inmobiliarios. Pero en verdad la común estaba reservando sus ataques más duros, esperando la oportunidad de formular un ruego también relacionado con la vivienda al propio alcalde, tener a Collboni cara a cara.
“Señor Collboni tiene ya todo un récord Guinness de mentiras –le espetó la común–, y no se limitan a cuestiones relacionadas con el 30%. Las mentiras son el modus operandi de su ejecutivo. Empezó cuando se marchó del gobierno municipal cinco meses antes de las elecciones y luego...”. La verdad que la lista de reproches de Sanz fue larguísima, tanto que a su término uno únicamente podía concluir una cosa: durante los dos años y pico que restan de mandato difícilmente comunes y socialistas podrán entenderse.
