Los cambios anunciados por sorpresa en el organigrama del gobierno municipal de Barcelona tienen una carga política mucho más profunda de lo que podría parecer en un principio.
La reestructuración no deja ningún cabo suelto. Está pensada para afrontar en solitario la segunda mitad del mandato, que terminará con las elecciones de mayo del 2027.
La lógica ha imperado y diez meses después de que ERC aplazara sine die la decisión de entrar o no en el gobierno del socialista Jaume Collboni esta opción había perdido todo sentido. No interesaba en absoluto al PSC, que se ha hecho a la idea de seguir gobernando como hasta ahora, primando la gestión que no depende más que de la voluntad –y la capacidad presupuestaria- del ejecutivo en minoría y dejando las puertas totalmente abiertas al pacto con otras formaciones políticas (léase Junts) de cuestiones centrales de estos cuatro años, como la modificación de la ordenanza del civismo y la de la norma que obliga a los operadores privados a destinar un 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida.
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Del mismo modo también el pacto de gobierno ha dejado de interesar a ERC, que vio pasar el tren cuando andaba metida de lleno en una crisis de identidad que ahora está tratando de superar incluso con la ayuda externa de los propios socialistas. Estos han brindado a los republicanos la posibilidad de tener un pie no en el gobierno pero sí en la sala de máquinas del mismo, en la gobernanza de la ciudad. Esquerra podrá volver a proclamar, como ya hizo cuando apoyó los presupuestos municipales de este año –los que no pudieron aprobarse por falta de votos- que es influyente a la hora de fijar el rumbo del Ayuntamiento, una afirmación por otro lado muy asumible para el PSC.
Jaume Collboni en la reciente reunión del Cercle d'Economia, donde habló de la modificación de la norma del 30%
La redistribución de funciones en el gobierno Collboni está pensada para lo que está por venir desde ahora, cuando faltan apenas dos semanas para cruzar el ecuador del mandato, y hasta las próximas elecciones, en las que el actual alcalde parte con una ventaja que no es pequeña: ni Junts, que ya gastó la bala de oro con Xavier Trias hace dos años, ni los comunes, que desconocen si podrán contar con Ada Colau en el 2027, saben en este momento no ya solo quién será su candidato ni siquiera cuál es el perfil más conveniente.
En la remodelación de gobierno gana presencia la nueva quinta teniente de alcaldía, Raquel Gil, persona de la máxima confianza de Jaume Collboni, que asume la dirección del área de servicios sociales que hasta ahora dependía de Maria Eugènia Gay. Los cambios permiten también aligerar la carga de trabajo de la primera teniente Laia Bonet y refuerzan la posición de Jordi Valls. A él ha encomendado Collboni la tarea de conseguir en un tiempo prudencial –ya no se admiten más demoras- la modificación de esa norma del 30%, una regulación defendida a ultranza por los comunes y que para el alcalde socialista, empeñado en liderar la batalla institucional contra la crisis de la vivienda, es como una piedra en el zapato que le impide caminar con normalidad hacia una entente con el sector privado (¿les suena aquello de la colaboración público-privada?) sin la que será difícil avanzar en la búsqueda de soluciones.
