El principal objetivo que se ha marcado el alcalde Jaume Collboni en los dos meses y medio que restan para las vacaciones de verano es el de cerrar un acuerdo con el grupo municipal de Junts que le permita cumplir con su compromiso electoral y de gobierno de flexibilizar la norma que obliga destinar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. Según ha podido saber La Vanguardia de diversas fuentes al corriente de la negociación, PSC y Junts han acelerado los contactos con la mediación de Foment del Treball.
El principal escollo que separa a los dos grupos que suman mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona está relacionado con un asunto tributario que Junts puso encima de la mesa y ante el que los socialistas se resisten a ceder. El principal grupo de la oposición reclama una reducción del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 4% para aligerar las carga fiscal de las familias. Está dispuesto a dar el sí a Collboni en la revisión pactada del 30% siempre y cuando el alcalde se avenga a una rebaja fiscal en las ordenanzas del 2026, que según algunos cálculos, con la aplicación del 4%, supondría una merma de cerca de 30 millones de euros para las arcas municipales.
El objetivo de unos y otros es aprobar inicialmente la modificación antes de las vacaciones
En cualquier caso, la negociación se ha reactivado, y en este sentido cabe interpretar la decisión del alcalde de traspasar las competencias de vivienda, en la remodelación de gobierno efectuada esta semana, precisamente al máximo responsable de las finanzas municipales, el teniente de alcalde Jordi Valls. No obstante, en el reparto de funciones, la primera teniente de alcaldía y hasta hace unos días responsable del área de Vivienda, Laia Bonet, sigue liderando por parte socialista la búsqueda del acuerdo definitivo en torno al 30%.
Habrá que hacer números. Que esa rebaja del IBI sea del 4% o que se sitúe más cerca del 2% es un asunto que se dirimirá en unas conversaciones que se intensificarán en los próximos días. Los socialistas ya conocen la pretensión de sus interlocutores y en breve les harán llegar una contrapropuesta.
Por lo que respecta a la revisión de la norma del 30% hay, en cambio, un acuerdo casi total que podrían suscribir los grupos de PSC y Junts y que dejaría razonablemente satisfechas a las organizaciones del sector de la vivienda que participaron en el grupo de trabajo liderado por la experta en esta materia Carme Trilla. De hecho, el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sáncghez Llibre, y el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Xavier Vilajoana, están actuando como facilitadores de un pacto entre las dos formaciones. Hay un amplio principio de acuerdo, pero también un considerable retraso acumulado en la aprobación y tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), a la que le espera todavía un largo recorrido. Cabe recordar que en un ya muy lejano septiembre del 2023, Junts presentó una primera proposición para flexibilizar la medida excluyendo de ella a la rehabilitación, aumentando la superficie mínima de techo sobre la que se aplica y con la opción de monetizar la reserva de vivienda protegida.
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“El 30% de 0 es 0”, afirmó recientemente el alcalde Collboni, en referencia a que la norma ha paralizado la construcción de vivienda en Barcelona. El grupo de BComú se ha quedado solo en la defensa de esta iniciativa y no está dispuesto a ceder un milímetro en la que, a pesar de que los casi nulos resultados cosechados y el fracaso de la medida, los comunes consideran una de las grandes conquistas de la etapa de Ada Colau al frente del Ayuntamiento.
Una normativa que sea realmente eficaz
La razón de ser de la modificación que se está acabando de negociar, y que también contaría con el apoyo de los promotores de viviendas, descansa en la voluntad de que sea realmente aplicable, que el constructor no se sienta atrapado por una reglamentación demasiado rígida y que pueda disponer de otras opciones.
El principio de acuerdo en torno a la flexibilización del 30% se sustenta en la posibilidad de trasladar ese porcentaje fuera del edificio en construcción, ya sea en el mismo barrio o en otro limítrofe, aunque incluso podría aceptarse ampliar esa opción al ámbito de distrito. Con la norma vigente, ese traslado ya es posible dentro del mismo barrio, pero para ello es necesario un plan especial, requisito que la mayoría de las veces acaba frenando la cesión y que todas las partes implicadas en esta revisión están de acuerdo en eliminar. Dicho de otro modo, si el operador no cree conveniente o no está interesado en hacer efectiva la reserva del 30% en la misma parcela, que sí pueda construir esa reserva o ubicarla en edificios ya construidos mediante una transferencia de aprovechamiento.
La rehabilitación
La revisión de la norma se plantea, asimismo, aumentar el mínimo de metros cuadrados para hacer preceptiva su aplicación (actualmente, 600 m2). Ese mínimo no está todavía determinado, aunque en ningún caso, señalan las fuentes consultadas, bajará de los 1.000 m2.
Otro punto de acuerdo es el de la exclusión de la aplicación de la obligatoriedad de reserva del 30% en las rehabilitaciones de edificios enteros, que se mantendría solo en aquellos casos que supongan aumentar la densidad de viviendas o derribar el edificio y construir de nuevo dejando intacta únicamente la fachada..
