Más de 40.000 familias están inscritas en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona y más de 10.000 tramitaron la petición para participar en el reciente concurso de los 238 pisos de la promoción de Illa Glòries.
Estas cifras constituyen un termómetro más con el que medir un problema que afecta a todas las grandes ciudades y especialmente a Barcelona, el del acceso a la vivienda.
Illa Glòries
Promoción de 238 viviendas públicas para unas 800 personas
La estrategia para aliviar la falta de oferta y el consiguiente aumento de precios tiene tres grandes frentes: proteger el uso residencial (por ejemplo regulando los alquileres), alentar la construcción (ya sea publica o privada) y ejercer el uso del tanteo y retracto. El Ayuntamiento espera así recuperar el ritmo de construcción para entregar 3.000 llaves de pisos protegidos durante este mandato y disponer hasta el 2027 de otras 5.000 en distintas fase de construcción.
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Un grupo de trabajo transversal con técnicos de Urbanismo, Patrimonio, Economía y Vivienda ha trazado la planificación a medio y largo plazo. Si hasta no hace tanto la actividad constructiva municipal estaba casi exclusivamente enfocada en la construcción de equipamientos, ahora el motor es sin duda la vivienda.
Retirar 10.000 licencias
Ampliar el parque residencial con los pisos turísticos
La hoja de ruta del Ayuntamiento de Barcelona es clara en cuanto al futuro de los alojamientos turísticos. El gobierno municipal ha reiterado que aplicará hasta las últimas consecuencias el decreto ley de la Generalitat que permite la extinción de las licencias a finales de 2028. En Barcelona esta medida –si las elecciones municipales del 2027 no cambian el guion previsto– se traduce en la eliminación delas actuales 10.101 licencias de viviendas turísticas con el objetivo de que se incorporen al tensionado parque habitacional, ya sea en forma de alquiler o venta. La medida, incluida en el plan Viure y cuya aplicación es una de las acciones bandera del gobierno municipal en materia de vivienda, ha generado una contundente reacción de la patronal del sector y de plataformas como Airbnb. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), que esgrime que el sector representa el 1,9% del PIB de la ciudad, abrió el frente judicial y presentó reclamaciones de responsabilidad patrimonial ante la Generalitat por valor de más de 1.000 millones de euros.
Para disponer de suelo edificable se han establecido puentes con todos los operadores posibles, públicos y privados. El Incasòl, el Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) y otras entidades, como fundaciones y cooperativas, figuran ahora como agentes activos. De hecho, la escasez de suelo disponible y también la discutida reserva del 30% de nuevas viviendas para destinarlas a oferta de precio asequible –una medida en revisión para alentar el interés de los promotores privados– ha condicionado el ritmo de construcción durante los últimos años.
El municipio dispone de suelo para generar hasta 70.000 viviendas, la mitad en la Sagrera y la Marina
Con la generación de nuevo suelo, según los cálculos municipales, Barcelona tiene capacidad para construir todavía hasta 70.000 viviendas nuevas. Aproximadamente la mitad de ellas se ubicarían en las dos únicas zonas que quedan por desarrollar: la Sagrera y la Marina. Actualmente hay unos 5.000 pisos promovidos por el Ayuntamiento en alguna fase de producción y 180 en proceso de rehabilitación.
El objetivo a corto plazo es pasar de los menos de 500 pisos construidos al año a los 1.000, con lo que el actual parque público de 12.000 viviendas (9.500 de titularidad municipal y 2.500 de promociones delegadas) ascendería a 15.000 en el 2027. Y, para entonces, haber desarrollado más suelo para poder construir 10.000 viviendas más.
La compra a particulares mediante tanteo o retracto o negociando directamente con el propietario –como se hizo con la controvertida adquisición de la Casa Orsola– es otra de las estrategias que está impulsando el Ayuntamiento. Hace apenas un mes, el Consistorio adquirió el edificio de la esquina de la calle València con Sardenya (de diez viviendas y cuatro locales), lo que ha supuesto una inversión de 4,8 millones incluyendo el coste de la rehabilitación necesaria. Con este importe el metro cuadrado sale por 3.481,19 euros, casi un 28% por debajo de la media del barrio de la Sagrada Família, que actualmente se sitúa en los 4.817,75 euros/m2.
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Los técnicos municipales trabajan en una nueva ordenanza reguladora del tanteo y retracto y prevé que pueda renunciar a comprar el inmueble y ceder este derecho a terceras personas o entidades promotoras de vivienda pública.
Mayors for housingOfensiva en Europa para conseguir financiación
Barcelona ha impulsado durante los últimos meses la alianza de una quincena de ciudades europeas para hacer frente, con una estrategia clara y conjunta, a la emergencia habitacional. Fruto de esta alianza (Mayors for Housing), el alcalde Jaume Collboni presentó en mayo, ante la Comisión Europea y acompañado por el resto de ediles, un ambicioso plan de acción que, entre otras cosas, reclama que la UE movilice 300.000 millones de euros cada año a través de un fondo con partidas tanto públicas como privadas. Los alcaldes esperan que sus propuestas se recojan en el futuro plan europeo de vivienda asequible, que la Comisión Europea tiene previsto presentar a principios de 2026. Las 15 ciudades calculan que solo en sus metrópolis sería necesario invertir 80.000 millones de euros para la construcción de 200.000 viviendas y la renovación de otro millón más en el horizonte 2030. A corto plazo, los alcaldes proponen usar los fondos no adjudicados del Plan de Recuperación y también otros fondos europeos disponibles para que se asignen directamente a las ciudades. Además, para acceder a estos fondos, abogan por crear la figura de las zonas tensionadas, a través de un índice de estrés del mercado de la vivienda, que serían las primeras en recibir el dinero europeo. Collboni encabezó una alianza que cuenta con los alcaldes de Roma (Roberto Gualtieri ha tenido una especial implicación), Milán, Amsterdam, Atenas, Bolonia, Budapest, Dublín, Florencia, Gante, Leipzig, la región metropolitana de Lyon, Lisboa, París, Varsovia y Zagreb. En este último viaje a Bruselas, la comitiva de Mayors for Housing también se reunió con el vicepresidente de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. La estrategia europea arrancó públicamente en diciembre pasado con una carta abierta de diez alcaldes a Ursula von der Leyen. Meses después, en febrero, se presentó en Bruselas la declaración conjunta, Key requests. El peso de Barcelona en esta estrategia quedó sellado por la visita hace unos días de una delegación de eurodiputados de la comisión especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo. Se desplazaron a la ciudad para reunirse con instituciones organizaciones sociales y expertos para conocer las medidas y las políticas públicas en materia de vivienda que se han impulsado en los últimos años.
Para incidir en el mercado de alquiler de temporada –cuyo crecimiento ha ido en detrimento del alquiler habitual– se trabaja en la modificación de las normas urbanísticas. Una fórmula consiste en declarar el uso habitual y permanente de la vivienda como prioritario en el Plan General Metropolitano, para luego poder desarrollar un plan especial para regular otras modalidades.
