El Ayuntamiento de Barcelona y la Agència Tributària de Catalunya están llevando a cabo una campaña a fin de asegurarse de que las empresas dedicadas al alquiler de pisos por días pagan todos los impuestos que les corresponden.
El teniente de alcalde Turismo y Hacienda, y estos días también alcalde accidental, el socialista Jordi Valls, aseguró ayer que esta iniciativa está dando ya sus primeros resultados, y que la primera veintena de expedientes abiertos permitió ya al Consistorio recaudar más de 287.000 euros fruto de 47 liquidaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como aumentar el padrón anual de IAE en cerca de 80.000 euros. Tras estos primeros expedientes, el Consistorio ya puso en marcha procedimientos inspectores a 99 entidades que representan 1.300 viviendas de uso turístico y a tres compañías que operan 105 apartamentos turísticos, lo que viene a suponer un total de 102 empresas. La última parte de esta campaña será la más contundente: durará desde el 2026 hasta el 2028 e incluirá la inspección del resto de entidades que realizan estas actividades pero que en el ejercicio del 2023 no constan como a declarantes de ninguna actividad económica o de ninguna otra actividad relacionada con el hospedaje.
La campaña durará hasta el 2028, año en el que Ayuntamiento retirará todas las licencias del sector
Esta iniciativa se desarrollará hasta el 2028, año en que el Ayuntamiento tiene previsto retirar todas las licencias de viviendas turísticas en estos momentos vigentes Barcelona. El teniente de alcalde Valls prevé que entonces el Ayuntamiento ya habrá revisado las cuentas de hasta 463 empresas que en estos momentos gestionan un total de 2.281 pisos y de 280 apartamentos de alquiler de vacacional. La administración local puede así verificar si las empresas en cuestión están dadas de alta de la actividad y también si pagan lo que les corresponde por explotar estos inmuebles de uso turístico siempre y cuando sus ingresos superen el millón de euros al anual.
El teniente de alcalde de Turismo y Hacienda también quiso subrayar que esta revisión de cuentas no se trata de ningún modo de un ajuste de cuentas antes de la definitiva liquidación del sector por estas latitudes, que el Ayuntamiento no pretende otra cosa que normalizar una actividad que hace apenas un par de lustros en verdad aún estaba gestándose. De hecho Valls eludió emplear términos como fraude fiscal o evasión de impuestos. “Estamos hablando de una de las obligaciones de la administración pública velar para que todo el mundo pague los impuestos que les toca pagar –abundó el teniente de alcalde de Turismo y Hacienda–, y el Ayuntamiento estaba ya obligado a revisar este sector debido también al importante volumen de negocio que genera”.
Valls también quiso destacar que esta campaña es posible gracias a la colaboración entre instituciones, “ya que se está produciendo un considerable intercambio de información y la Agència Tributària de Catalunya está facilitando a la inspección del Institut Municipal d’Habitatge datos sobre viviendas de uso turístico, hoteles, apartamentos y albergues de personas jurídicas que han pagado el impuesto de estada. La inspección ha cruzado esta información con las personas jurídicas censadas en epígrafes del IAE relacionados con el alquiler de inmuebles y hospedaje”.
Esta campaña también afecta a hoteles, apartamentos y albergues de personas jurídicas que pagaron el impuesto autonómico de estancia, pero el Ayuntamiento únicamente hizo balance ayer de lo relativo a las viviendas de alquiler por días.
La patronal recuerda su contribución al estado de bienestar
Barcelona suma en estos momentos más de 9.000 pisos turísticos con permiso. “Y cada uno de ellos genera más de 3.000 euros al mes en impuestos debido a la fiscalidad que genera la actividad y los impuestos de los gastos de los turistas –quiso destacar ayer Enrique Alcantara, presidente de Apartur, de la patronal del sector, a fin de destacar las contribuciones del sector–. Sin viviendas turísticas habría que subir otros impuestos a los ciudadanos para compensar unas pérdidas de las administraciones publicas de 350 millones de euros al año”. En realidad las cifras que señala Alcantara podrían ser más altas todavía, dado que las estima en función de un estudio realizado un lustro atrás. Desde entonces la tasa turística se vino encareciendo de manera considerable. Este análisis concluye que “en conjunto, el parque de 9.606 pisos turísticos con licencia en Barcelona aporta mensualmente 28,9 millones de euros a las arcas de la administración pública, lo que supone hasta 347,1 millones de euros al año. La contribución fiscal derivada de la actividad económica es el elemento primordial para mantener y garantizar la sociedad del bienestar”.
