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Junts y PSC pactan modificar la “obsoleta” ordenanza del civismo para frenar la impunidad
Barcelona
La nueva normativa se aprobará definitivamente en el pleno de diciembre y contempla más dureza contra el botellón y los grafiteros y más garantías para asegurar el cobro de las sanciones
Los grafiteros, como este que dañó Santa Maria del Pi, lo tendrán ahora más crudo si les pillan
Paula Sama
Senior Editor
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La noticia es doble. Primero, la ordenanza del civismo, vigente desde el 1 de enero del 2006 pero con un nivel de cumplimiento muy tímido, se modificará en breve para tratar de atajar la impunidad de ciertas actitudes que atentan contra la convivencia en el espacio público. Y segundo, PSC y Junts han unido fuerzas para sacar adelante un proyecto importante para la ciudad, cosa que en este mandato, iniciado el 17 de junio del 2023, más bien ha brillado por su ausencia a pesar de que ambos partidos suman 21 concejales, la cifra que marca la mayoría absoluta. El acuerdo se plasmará de manera definitiva en el pleno del 19 de diciembre, pero el líder de Junts, Jordi Martí, ya ha anunciado este martes el voto favorable de su formación a una reforma de la que ya se hablaba en el 2016. Salta a la vista que nada tiene que ver la capital catalana del 2025 con la de principios de siglo. Entre otras cosas, el número de turistas se ha multiplicado por cinco. “Es una ordenanza obsoleta y que no se ha hecho cumplir”, ha argumentado el jefe de la bancada neoconvergente. El gobierno local publicó su borrador hace más de un año, con novedades vinculadas con la masificación turística, el descanso vecinal, los grafiteros, los botellones o la venta ambulante. El pacto con Junts incorpora, entre otras cosas, más músculo en el cobro de las sanciones y más seguimiento para que la normativa deje de ser una casa de paja y se convierta en una construcción de ladrillos mucho más difícil de franquear.
El pacto, cosas de la vida, se produce en pleno divorcio entre el PSOE y Junts en Madrid. Es cierto que el PSC es un partido distinto al PSOE, pero llama la atención que el acuerdo entre Martí y el alcalde Jaume Collboni cristalice cuando Miriam Nogueras (líder de Junts en el Congreso) ha colocado al borde del abismo la legislatura del presidente Pedro Sánchez. “No es un voto favorable al gobierno; es un pacto a favor de la ciudad y los barceloneses”, ha puntualizado el cabecilla municipal de Junts. En cualquier caso, la ordenanza tendrá nuevo redactado con el objetivo de que sea “más realista”, más actualizada y más contundente a la hora de asegurar su cumplimiento. Era una de las principales demandas de Junts, que a finales del 2005 votó a favor del documento pero siempre se ha quejado de que con los años se ha convertido en papel mojado. Lo ha vuelto a repetir Martí este martes al exponer los datos del 2023 y 2024, años en los que, ha lamentado, “solo se ha cobrado el 16% de las sanciones impuestas”.
El botellón en la vía pública estará ahora más perseguido
Llibert Teixidó
Junts presentó el 8 de octubre una lista con 12 alegaciones centradas en “garantizar el cumplimiento efectivo de la ordenanza, asegurar el cobro de las sanciones y combatir la multirreincidencia también en materia de incivismo”. Por lo que ha explicado Martí este martes, el gobierno de Collboni les ha aceptado 11 de las condiciones. Entre otras medidas asumidas por el PSC está un seguimiento periódico de la aplicación de la normativa para evitar que sea un coladero, disponer de los mecanismos de cooperación con otros países para poder cobrar las multas a extranjeros, definir los centros educativos como espacios prioritarios para realizar campañas de información y obligar a los grafiteros a colaborar en las tareas de limpieza de su destrozo público, más allá de asumir la pertinente multa.
Hacía falta una nueva herramienta para luchar contra la degradación de la ciudad. El Pla Endreça ha sido puro maquillaje”
Senior EditorLíder de Junts en Barcelona
La única alegación que no ha pasado el corte tiene que ver con el arraigo de personas migrantes. Junts quería que constaran en los informes los antecedentes incívicos pero eso es algo que trasciende a las competencias municipales. En el pleno de noviembre, sin embargo, el PSC ya le aprobó a Junts una proposición que insta precisamente al Estado y al Govern -que son las Administraciones responsables, en distinto grado, en materia de extranjería- a tener en cuenta la actitud cívica de las personas que dan el paso legal para asentarse en nuestro país.
Pobre balance
En los últimos dos años, denuncia Junts, solo se han cobrado el 16% de las sanciones impuestas en aplicación de la ordenanza
La normativa incluye nuevas conductas no permitidas relacionadas con actos que atenten contra la libertad sexual y contra la dignidad de las personas. También se introduce el agravante del consumo de alcohol en zonas con presencia de menores o la prohibición de rutas etílicas. “Hacía falta una nueva herramienta para luchar contra la degradación de la ciudad. El Pla Endreça ha sido puro maquillaje”, ha sostenido Martí.
Limpieza de grafitis, en un comercio de Ciutat Vella
Àlex Garcia
El camino de la modificación de la ordenanza no ha sido ni fácil ni corto. El plan de actuación municipal 2016-2019 ya contemplaba la necesidad de actualizar este documento “pasados 11 años desde su aprobación” -se decía entonces- para garantizar y fomentar la convivencia en los espacios públicos de Barcelona”. Pero ha tenido que pasar casi una década para que el documento se adapte a los nuevos tiempos. El gobierno de Collboni presentó su borrador a finales del 2024, y la aprobación inicial se produjo el pasado julio. Para el jueves se espera una comisión extraordinaria para discutir el tema, de manera que el pleno de la próxima semana cierre al fin el asunto.
Esquerra ya presentó el lunes sus propias alegaciones y compartió su negativa a vincular el arraigo con la ordenanza. Lo ha repetido este martes el concejal Jordi Coronas, que ha recordado el deseo de los independentistas de apostar por la mediación y por medidas alternativas a la sanción. ERC, a pesar de todo, votará a favor de la ordenanza (serán ya 26 votos afirmativos), mientras que por parte de BComú se da por hecho el no o una abstención para evitar compartir foto con PP y Vox, que previsiblemente votarán en contra de la propuesta.
Tareas pendientes
Puede ser el último acuerdo entre Junts y PSC, a no ser que pacten la reforma de la reserva del 30% de vivienda social
Modificar la ordenanza de civismo es uno de los puntos fuerte del programa electoral de Junts, razón por la cual Martí ha sacado pecho de un acuerdo “que garantiza las normas básicas de convivencia”. “La normativa tendrá el ADN de Junts per Barcelona”, ha celebrado el líder municipal de la formación. Puede que sea el último gran pacto con Collboni. Pero nunca se sabe; queda año y medio para solucionar otro melón: la encallada modificación de la reserva del 30% de vivienda social en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones.
