Existe una idea, más que generalizada, de que los supermercados con horarios intempestivos, algunos de 24 horas, funcionan fuera de control. Un fenómeno que dejó de ser exclusivo de la ciudad de Barcelona y ya se extiende por la gran mayoría de municipios. Que alguna cosa no se hace bien lo ha puesto en evidencia la operación de la Guardia Civi, con la Guardia Urbana y la Policía Nacional en la capital catalana, en la que detectaron, entre otros delitos e infracciones administrativas, fraude eléctrico en 24 de los 26 comercios que se inspeccionaron.
La investigación se inició con una denuncia que Endesa presentó a la Guardia Civil. La compañía presentó un listado de comercios con claras sospechas de que funcionaban con electricidad pinchada directamente del alumbrado público. Una auténtica irresponsabilidad, además de delito, por el riesgo que comporta este tipo de empalmes, sin protección alguna cuando se produce una sobrecarga.
Lee tambiénEndesa y el Ayuntamiento de Barcelona se coordinan para no levantar la misma calle dos veces
La Policía Nacional identifica a cinco empleados como víctimas de explotación laboral
El listado de Endesa hacía referencia a comercios, casi todos de 24 horas y franquicias de supermercados de renombre, de varios distritos de Barcelona e invitó a la Guardia Urbana a participar en el operativo.
Una vez dentro de los locales, los policías municipales aprovecharían para mirar otros aspectos de su competencia. No fueron los únicos invitados. Con la voluntad de aprovechar esas visitas, se pidió también la presencia la Policía Nacional, para todo lo que tiene que ver con la ley de Extranjería y el delito contra los derechos de los trabajadores, subinspectores de Trabajo y de la Seguridad Social y técnicos de Endesa.
Todos los policías intervinientes se repartieron los establecimientos y el pasado día 2 accedieron de manera simultánea y por sorpresa a todos ellos, en los distritos del Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia, Sant Andreu y Nou Barris.
Los guardias civiles imputaron a 25 personas por el delito de fraude eléctrico, estimado en unos 2,85 millones de kilovatios, el equivalente al consumo anual de 715 viviendas. La compañía tradujo las cifras en pérdidas superiores al millón de euros.
Como siempre se actúa en este tipo de delitos y sobre todo por el riesgo que implica los enganches a la luz, por la inseguridad de la instalación, los técnicos de Endesa cortaron el suministro en los 24 supermercados denunciados, lo que obligó a sus responsables a bajar la persiana, que no podrán subir hasta que no regularicen el servicio eléctrico.
Y no será el único problema al que se enfrenten porque tanto la Policía Nacional y la Guardia Urbana tomaron buena nota de otras infracciones, igualmente graves.
Lee tambiénLa Fiscalía propone penas de cárcel por pinchar la luz para cultivar marihuana
Los guardias civiles firmaron además 16 expedientes por contrabando, etiquetado erróneo en productos que estaban a la venta. También en materia de protección de datos se denunció la presencia de cámaras de vigilancia no anunciadas convenientemente. En algunos comercios el ticket de venta no recogía los datos del empresario. También se levantaron actas por seguridad alimentaria al descubrir productos caducados a la venta y se denunció la manipulación de las básculas, con el pesaje beneficioso para el empresario. Algunos de los vendedores carecían además del exigible carnet de manipulación de alimentos.
La Policía Nacional, que identificó a 59 ciudadanos, determinó que cinco eran víctimas de explotación laboral. Han iniciado una investigación paralela para identificar a los responsables del delito contra el derecho de los trabajadores. Otros cinco estaban en situación irregular y para ellos se inició el expediente de la ley de Extranjería, solicitando su expulsión.
La Guardia Urbana detectó 87 infracciones relacionadas con la seguridad, la higiene y el cumplimiento normativo como la falta de señalización, ausencia de extintores, baños impracticables o la venta de productos caducados o directamente en mal estado. Expedientes que en muchos casos terminarán en sanción económica.
Los responsables del operativo mostraron este jueves su satisfacción por los resultados y advirtieron que repetirán en breve.
