La Fiscalía de Barcelona propone un cambio legislativo para que pinchar la luz para cultivar marihuana suponga penas de cárcel. En la memoria del año 2024, el ministerio público reclama una modificación del artículo 255 del Código Penal para que se incrementen las penas del delito de defraudación del fluido eléctrico en aquellos casos en los que las intervenciones de la luz sean para alimentar las plantaciones de cannabis a gran escala.
La legislación actual solo prevé que este tipo de conductas sean castigadas con una pena de multa diaria durante como mínimo tres meses y un máximo de doce meses, una condena demasiado leve, a criterio de la Fiscalía, que provoca que cultivar marihuana en España sea mucho más atractivo para las organizaciones criminales que en otros países de nuestro entorno.
La legislación prevé multas de 3 a 12 meses para quienes manipulen la luz, a diferencia de Alemania o Francia
En su propuesta, la Fiscalía plantea incluir un tipo agravado del delito que permita imponer penas de cárcel en aquellos casos en los que la defraudación del fluido eléctrico esté asociada a plantaciones de marihuana indoor, “especialmente si el delito es cometido por una organización criminal”.
Los Mossos d’Esquadra alertan desde hace años que Catalunya se ha convertido en el principal productor de cannabis de Europa, con grandes organizaciones criminales asentadas en el territorio, y esto es en parte debido a las bajas penas que prevé el Código Penal. En comparación con los países del entorno, España es el único país que castiga con una multa el delito de defraudación del suministro eléctrico, a diferencia de Alemania, Francia, Italia y Portugal, donde el mismo ilícito implica penas de cárcel.
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La Fiscalía de Barcelona alerta de que esta legislación con penas tan laxas convierte a Catalunya en un polo de atracción de los grupos criminales. “No cabe descartar que la mínima severidad de la norma penal española, que solo dispone pena de multa, atraiga a tramas organizadas para producir aquí su marihuana”, advierte.
Por ejemplo, una sentencia dictada por la Audiencia de Tarragona condenó a los acusados de una organización a la que intervinieron en dos naves industriales un cultivo con 5.000 plantas a una pena de tres años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal. Por el delito de defraudación del fluido eléctrico, la condena quedó en una multa de 3 euros diarios durante 3 meses. En total, 270 euros.
En su memoria, el ministerio público destaca que la manipulación de la electricidad, “al margen del daño económico” que produce a las compañías, también ocasiona un perjuicio a los ciudadanos, que deben soportar “continuos cortes en el suministro debido a la incorrección de las instalaciones clandestinas”. Además, por mucha cantidad de energía que se robe, la conducta siempre estará castigada con una pena de multa. Por esta razón, la Fiscalía alerta de que la ley “equipara injustamente” la actuación de aquellos que pinchan la luz para levantar una plantación indoor de marihuana con la de aquellos que lo hacen para el suministro doméstico o por necesidad.
El año pasado, Endesa detectó 722 casos de plantaciones de marihuana que funcionaban con la luz pinchada, lo que representa el 3,16% del total de intervenciones de la compañía en casos de defraudación del suministro. Sin embargo, la energía robada alcanzaba el 26% del total del fraude registrado en toda Catalunya. Las mafias de la marihuana robaron en el 2024 el equivalente a lo que consume durante un año una población como Canovelles, en el Vallès Oriental.
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Operarios de Endesa acompañan a los Mossos, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en todas las operaciones que despliegan para desmantelar plantaciones de marihuana. Una vez los agentes proceden a la detención de los miembros de la organización que ha levantado el cultivo, reclaman la intervención de los técnicos de la compañía para desmontar toda la infraestructura eléctrica. El año pasado, los técnicos de la empresa desarmaron cada semana más de 43 instalaciones manipuladas en cultivos de cannabis. “Solo en Catalunya, hicimos una entrada y registro cada día, seis entradas cada semana”, señala un responsable de los servicios jurídicos de Endesa. “Son instalaciones eléctricas muy bien hechas, realizadas por profesionales”. La compañía se persona en todas las causas judiciales con plantaciones de marihuana que funcionen con la luz pinchada para reclamar la cantidad defraudada, “aunque esto es muy difícil que ocurra porque la mayoría de los procesados se declaran insolventes”, aclara. “Es evidente que las mafias vienen a España porque les sale más barato”, expresa el responsable jurídico de Endesa, en la línea de la Fiscalía sobre la poca severidad del Código Penal respecto de estos ilícitos.
Los Mossos d’Esquadra llevan años advirtiendo de que las bajas penas del ordenamiento jurídico español, sumadas a las favorables condiciones climatológicas, al gran parque de pisos vacíos y a la buena situación geográfica –que permite una salida por mar o carretera hacia el resto de Europa–, han convertido a Catalunya en un destino dorado para las organizaciones criminales. Un informe realizado por la Jefatura del cuerpo el año pasado también proponía que se endurecieran las penas de los delitos asociados al tráfico de marihuana, como las ocupaciones de pisos que se utilizan para instalar plantaciones de cannabis, la defraudación del fluido eléctrico y la distracción de aguas. El documento, además, señalaba la baja penalidad del tráfico de marihuana en España en comparación con el resto de países del entorno. En España, las penas por cultivar y traficar con marihuana son de uno a tres años de cárcel porque se considera que esta sustancia no causa un grave daño a la salud, una diferencia con el resto de legislaciones del entorno, que equiparan el daño del cannabis al de cualquier droga. Además, el documento subrayaba que los tribunales en el momento de castigar estas conductas suelen imponer la pena en su parte inferior –alrededor de un año de cárcel– al considerar que el hecho de traficar con marihuana carece de suficiente entidad. Esto, a su vez, conlleva la consideración del cannabis como droga que tiene un menor impacto sobre la salud, los jueces no suelen enviar a la cárcel a los detenidos por traficar con esta droga. Según los datos que facilitó el director de la policía, Josep Lluís Trapero, en una entrevista reciente en RAC1, solo el 10% de los 2.000 detenidos por tráfico de cannabis ingresó en prisión.
Sin embargo, detrás de la mayoría de casos a los que se enfrentan los Mossos hay grandes organizaciones criminales bien estructuradas que movilizan mucho personal y dinero y que conduce a episodios de violencia entre grupos rivales, narcoasaltos, con armas de fuego. De ahí que hayan aumentado los tiroteos y los ajustes de cuentas en los últimos años en Catalunya. El último ocurrió el pasado verano en la calle Consell de Cent.
Consumo equivalente a 80 viviendas
Las plantaciones de marihuana consumen grandes cantidades de energía para asegurar que las condiciones de luz, temperatura y ventilación son adecuadas para acelerar los cultivos. Para las plantaciones indoor utilizan naves industriales, edificios o pisos desocupados. Cada uno de estos invernaderos demanda un volumen de electricidad equivalente a 80 viviendas de 100 metros cuadrados, según datos de Endesa.Utilizan focos de 600W para simular la luz solar y favorecer la fotosíntesis de la planta. Con cada punto de luz se cultivan entre 16 y 25 plantas. Usan aparatos para encender los focos de gran potencia y equipos de extracción y filtración del aire para renovar el ambiente y rebajar el calor. La temperatura debe ser de entre 18 y 22 grados. También usan elementos antiolor, de refrigeración, fertilizantes y bombas de riego.
