Los vecinos del conocido como “bloque Tarragona”, situado en la calle del mismo nombre de Barcelona, se han apuntado una victoria en su intento por no ser expulsados de los pisos en que residen. Con la mediación del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) han conseguido alcanzar un acuerdo con la propiedad para prorrogar durante 3 años más los 10 contratos de alquiler que acababan en el 2026.
El sindicato ha afirmado que este acuerdo, que tildan de “victoria”, dará tranquilidad a las familias. Sin embargo, han advertido de que en el mismo bloque todavía quedan pisos turísticos.
“Después de meses de negociación la propiedad se ha visto forzada a prorrogar todos los contratos que caducan el año 2026, un total de diez viviendas,” ha explicado el SHSC. Según este entidad, primero pudieron detener 78 licencias y ahora han logrado que las 10 familias sigan viviendo en el bloque. “No nos detendremos aquí y lucharemos por sacar todos los pisos del mercado turístico, recuperar el uso residencial y garantizar que todas las vecinas se queden en casa”, ha afirmado Rebeca Pérez, portavoz del Sindicat d'Habitatge del Eixample.
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El sindicato echa en cara al gobierno municipal de Jaume Collboni que esta acuerdo se ha alcanzado sin ninguna mediación ni ayuda por su parte. Consideran que el PSC se ha desatendido de un problema que se arrastra desde que se concedieron más de un centenar de licencias turísticas.
La reacción del gobierno municipal
A pesar de las críticas recibidas, el teniente de alcalde Economía y concejal del Eixample, Jordi Valls, se ha felicitado del acuerdo. A su juicio, demuestra que “están cambiando algunas cosas en la ciudad” más cambiarán con la aplicación de la regulación del alquiler de temporada o con la eliminación de los pisos turísticos en Barcelona en el 2028.
“Quien quiera venir a la ciudad a hacer una modificación de un bloque de pisos para obtener rentabilidades del 22% y no tener en consideración los vecinos que están allí, no son bienvenidos”, ha advertido Valls.
El caso del bloque Tarragona se remonta a la campaña de las elecciones municipales de 2023. La entonces teniente de alcalde de Urbanismo, la común Janet Sanz, denunció que la propiedad había aprovechado un vacío legal para solicitar las licencias de pisos turísticos.
Sanz explicó entonces que el Ayuntamiento revocaría las licencias de los pisos que todavía tenían contratos de alquiler vigentes mediante. Pero en febrero del 2024, el nuevo gobierno del socialista Jaume Collboni optó por detener la revocación de licencias de piso turístico por la vía elegida por los comunes después de que la propiedad del bloque impugnara los expedientes incoados en el bloque Tarragona.
Los vecinos se vienen quejando desde hace mucho tiempo de los problemas acarreados por los turistas que entran y salen del edificio y que montan ruidosas fiestas en los pisos.