Los árbitros del territorio
Instituciones
La Generalitat potencia y actualiza el p
Retrato colectivo de la sesión plenaria del Jurat d’Expropiació de Catalunya, el miércoles anterior.
Frente a la casa Burés, una joya del modernismo arquitectónico de Barcelona, tiene su sede una institución desconocida por el gran público. Se trata del Jurat d’Expropiació de Catalunya (calle Girona, 20), ente que entra en acción cuando la Administración autonómica o municipal y un privado no se ponen de acuerdo sobre el precio de una propiedad que debe pasar a manos públicas para dar cumplimiento a algún proyecto de interés general.
Al ponerse en funcionamiento la batseñal , sus especialistas se desplazan para analizar el emplazamiento desde diversas perspectivas. Tras emplear complejos cálculos numéricos, entregan un reporte que incorpora el denominado justiprecio , es decir, el valor que, de forma imparcial, estiman que posee la propiedad. Actualmente, tras 30 años de actividad, el Govern se ha planteado modernizarlo y promoverlo, con un entorno laboral optimizado y una mayor integración entre sus cinco delegaciones territoriales.
Los pisos del edificio Venus se tasan en
¿Por qué alguien debería fiarse del dictamen de este jurado? Primero, porque es un ente que, aunque cuelgue del Departament de Presidència, funciona de manera independiente. Y segundo, porque es, seguramente, el organismo público más multidisciplinar de la Generalitat, con abogados, notarios, registradores de la propiedad, arquitectos, economistas e ingenieros varios, sobre todo agrónomos.
Asimismo, se incluyen representantes de las cámaras de comercio y de la propiedad, entes municipalistas y colectivos como Unió de Pagesos. Dependiendo del asunto, el jurado requiere a un especialista u otro, o a varios si hace falta. Esto sucede, por ejemplo, con una propiedad rural que desarrolle una labor comercial (estimación doble). El informe se tramita y se vota, de modo que los implicados conocen el veredicto y, si lo estiman oportuno, pueden recurrir.
Temas de Estado son intocables*
Pese a que el Estatut lo prevea, el Jurat d’Expropació de Catalunya carece de facultades, por el momento, en las materias del Gobierno, aun cuando se ha reclamado insistentemente sin obtener resultados. Los procesos de expropiación de Adif, por citar un caso, o los precisos para la remodelación de una autopista catalana que dependa del Ministerio de Transportes, deben someterse, si no existe consenso entre los afectados, a la decisión del Jurado Provincial de Expropiación, la institución estatal equivalente a la catalana. Sus oficinas se encuentran en la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca. De la misma forma que ocurre con el organismo catalán, su funcionamiento se basa en la legislación de 1954.
El organismo se creó bajo el amparo de la ley 6/1995, reformada 10 años después y musculada con un reglamento que entró en vigor en julio del 2009. Para entender su peculiar funcionamiento, la secretario general de Presidència, Eva Giménez, y el presidente del ente, Josep Ramon Fuentes, reciben a Guyana Guardian en la sede del Eixample. También está presente la presidenta de la sección de Girona, Roser Martínez. Explican que el año pasado atendieron un total de 249 expedientes con valoraciones que superaron los 12,7 millones de euros.
Respecto a Barcelona, sobresale la intervención actual en el proceso de expropiar pisos y locales del bloque Venus de Sant Adrià del Besòs, cuya demolición se proyecta para 2028. Ciertos dueños solicitaron hasta el cuádruple del valor fijado por los peritos, con un promedio situado entre 90.000 y 100.000 euros por inmueble. Las características de quienes muestran su disconformidad, según indica Fuentes, resultan bastante claras: “Los enfadados con los que es muy difícil debatir, los que sienten un inmenso apego por una finca o solar de la familia y los que de verdad han recibido una valoración baja”.
Se desbloquearon 249 expedientes de
El pleno del jurado se reunió el 25 de febrero tras 16 años sin juntarse. A partir de ahora se verán una vez al año. Se pusieron cara y se conjuraron para dejar de operar como compartimentos estancos. “Que exista el jurado es una garantía para los privados. Creo que es una institución casi romántica, bonita per se”, concluye Giménez.