El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha iniciado un proyecto piloto de videovigilancia con el objetivo de avanzar en la mejora de la seguridad y la convivencia en el espacio público con las instalación de nuevas cámaras de videovigilancia. A la vez, en un intento de controlar a los delincuentes multirreincidentes, la ciudad ha sido de las primeras en acceder a las bases de datos del Ministerio de Justicia, con cuya información aumentará la eficacia policial en la lucha contra la delincuencia reiterada al agilizar el procesamiento de los detenidos.
La seguridad en el espacio público es una de las máximas que desde hace años el ayuntamiento colomense trabaja por mejorar, especialmente para dar respuesta a las necesidades específicas detectadas en dos zonas clave del municipio en las que pretende incrementar tanto la protección efectiva con la presencia policial, como la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos.
El Ayuntamiento también amplía la colaboración policial para frenar la delincuencia reiterada
El nuevo sistema de videovigilancia, como recuerda la alcaldesa Mireia González, permite “continuar avanzando en la mejora de la seguridad en Santa Coloma” y garantizar una ciudad más segura. El objetivo es que el sistema esté plenamente operativo antes de la celebración de la Festa Major, que tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre, para poder reforzar la vigilancia y aportar tranquilidad durante un acontecimiento que reune a miles de personas en las calles de la ciudad. La instalación, como apunta el Consistorio, cumple con todos los requisitos legales establecidos por la Comissió Autonòmica de Videovigilància y del Departament de Protecció de Dades del Ayuntamiento.
El proyecto contempla la instalación de 21 nuevas cámaras de videovigilancia. Nueve de ellas se instalarán en la zona centro, en cuatro punto estratégicos, desde la estación de metro hasta los jardines de Can Sisteré. Una docena más en cinco puntos clave que incluyen el entorno de la estación de metro Fondo, la plaza del Rellotge y el Mercat Municipal, con cobertura tanto a la parte delantera hasta la calle Bruc, como posterior en las calles Massanet y Dalmau.
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En paralelo, de acuerdo con el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de julio, que pone a disposición de los cuerpos de Policía Local de las grandes ciudades las bases de datos del Ministerio de Justicia, la Policía Local de Santa Coloma ya tiene acceso al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) una herramienta muy útil en la lucha contra la multirreincidencia y que, según González “se suma a otras medidas que está implementado la Consellera de Interior, Núria Parlón”.
Con esta base de datos, los agentes podrán consultar rápidamente el historial delictivo de los detenidos, de las medidas cautelares, las requisitorias y las penas que se les han impuesto previamente. De esta forma se podrá derivar a la persona detenida directamente al juzgado indicado y se agilizará así su procesamiento y una eventual condena, que será mucho más rápida generando también un efecto disuasorio. El Ministerio de Justicia prevé que todo ello contribuya a reducir la sensación de inseguridad en comercios, transporte público y zonas turísticas.
Hasta ahora, las policías locales que ejecutan gran parte de las detenciones por hurtos, al no disponer del acceso a este sistema desconocían si el detenido tenía ya antecedentes por ese mismo delito, ni la cuantía de lo sustraído. La medida forma parte del plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona y el Área Metropolitana que contempla otros iniciativas como la creación de nuevos juzgados para agilizar los juicios rápidos.
“Trabajamos por la mejora continua de la seguridad urbana y la convivencia ciudadana”, explica Mireia González que avanza que, después de implantar la primera fase del proyecto, se ampliará progresivamente a otros barrios de la ciudad si los resultados obtenidos son positivos y se confirma su eficacia. La puesta en marcha de estas cámaras coincide con la instalación de cámaras para el control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero el proyecto de videovigilancia es totalmente independiente y tiene otra finalidad: la seguridad ciudadana.
